Un extenso canal de 250 kilómetros recorre parte de Santiago del Estero con el objetivo de llevar agua a zonas áridas y potenciar la ganadería. Pero esta obra pública, financiada por el Estado Nacional y ejecutada por el gobierno provincial, se convirtió en una amenaza ambiental para la vida silvestre local.
El Nuevo Canal de la Patria, revestido en hormigón, fue concebido como una solución para mejorar el acceso al agua en una de las regiones más secas del país. Sin embargo, su diseño rígido y sus paredes inclinadas funcionan como trampas mortales para la fauna local.
Tres reconocidas organizaciones ambientales —Aves Argentinas, FARN y Fundación Vida Silvestre— presentaron una demanda ante la Corte Suprema, denunciando un “grave daño ambiental colectivo”. Aseguran que la obra viola principios básicos de protección de la biodiversidad y pone en riesgo también la salud humana.
En apenas medio año, se reportó la muerte de más de 250 animales de más de 40 especies nativas, algunas en peligro de extinción. El impacto no solo es ecológico, sino también sanitario: la descomposición de estos cuerpos comprometería la calidad del agua para las comunidades cercanas.
Un desastre evitable en una ecorregión frágil como la de Santiago del Estero
El canal atraviesa el Chaco Seco, una ecorregión crítica con altos niveles de deforestación. Allí, los animales silvestres que caen al cauce no pueden salir por las pendientes resbaladizas, convirtiendo la obra en una trampa letal.
Entre los ejemplares encontrados sin vida figuran osos hormigueros, tortugas, corzuelas, pecaríes y armadillos, todos parte fundamental del equilibrio ecológico. Su pérdida no solo empobrece la biodiversidad, sino que desestructura el funcionamiento natural del ecosistema.
Las organizaciones exigen un plan urgente de mitigación y recomposición ambiental. Solicitan monitoreo constante de fauna y calidad del agua, obras de escape para animales, y la adaptación de los tramos críticos. También demandan una evaluación ambiental rigurosa y continua.
La demanda se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a recomponer el ambiente dañado. Aunque reconocen la necesidad de infraestructura hídrica en zonas vulnerables, insisten en que debe realizarse sin destruir el entorno natural.
La Corte Suprema será ahora la encargada de determinar si esta obra, que pretendía llevar vida, terminará siendo sinónimo de muerte para cientos de especies en una de las zonas más castigadas del país.
Una construcción con consecuencias ambientales
La construcción del canal de la Patria en Santiago del Estero fue concebida como una obra estratégica para asegurar el abastecimiento de agua y fomentar el desarrollo ganadero en una zona marcada por la sequía. Con 250 kilómetros de extensión y revestido en hormigón, el canal atraviesa una de las regiones ecológicamente más sensibles del país: el Chaco Seco.
Más allá de su impacto sobre la fauna, la infraestructura modificó profundamente el paisaje natural. El trazado del canal interrumpe cauces hídricos naturales, altera flujos subterráneos y puede provocar cambios en los ciclos de humedad del suelo. Esto representa una amenaza para los ecosistemas circundantes, que dependen del equilibrio hídrico para sostener su biodiversidad.
La falta de estudios ambientales integrales y el nulo monitoreo posterior a su construcción generó preocupación por el riesgo de salinización, erosión y pérdida de cobertura vegetal. Además, la canalización intensiva de agua sin una planificación sustentable podría comprometer a largo plazo la disponibilidad del recurso, afectando no solo a la naturaleza, sino también a las comunidades rurales que dependen de ella.
