La intendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, envió al Concejo Deliberante el proyecto que determina la obligatoriedad de la separación en origen de los residuos.
Además de encuadrar la operación de la planta de clasificación y la recolección diferenciada, fija sanciones de entre 100 y 3500 módulos fiscales en promedio para los infractores, en proporción al volumen de los residuos.
El proyecto considera que el plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que impulsa el Municipio necesita de tres condiciones articuladas: la separación en origen, la recolección diferenciada y el funcionamiento eficiente de la planta de clasificación.
Por eso, paralelamente a las medidas que se están implementando para optimizar la operación del centro ambiental que maneja la ARB, se decidió fijar un sistema de infracciones y multas para alentar la separación domiciliaria.