En la última etapa del Comité Intergubernamental de Negociación, que se celebra en Busan, Corea del Sur, los expertos de la ONU remarcaron la necesidad instalar la premisa de quien contamina, paga las consecuencias de sus actos.
En este sentido, los expertos alertaron que las actuales negociaciones podrían desplazar la carga hacia los países en desarrollo, que carecen de los recursos necesarios para lidiar con los efectos del plástico. “Los productores y los países donde tienen su sede no están asumiendo su parte en la mitigación de los efectos globales sobre los derechos humanos”, afirmaron los especialistas.
Para ser efectivo, el tratado deberá incluir principios claves como la transparencia y la prevención, además de referirse específicamente a derechos humanos como el acceso a información, el derecho a un medio ambiente limpio y sostenible, y al desarrollo equitativo. Pero, sobre todo, garantizar la rendición de cuentas en todas las etapas del ciclo del plástico.
El principio “quien contamina, paga” en acción
Cada etapa del ciclo del plástico genera contaminación, por lo que el tratado debe considerarlas todas. Los ciudadanos deben tener acceso a información clara sobre las sustancias químicas presentes en los polímeros y los productos plásticos, los contaminantes liberados en cada fase y los volúmenes de plástico producidos. Este conocimiento es crucial para que los países y empresas puedan cumplir con sus compromisos, incluyendo la reducción de la producción.
Además, los expertos propusieron la creación de un fondo mundial financiado por los productores de plástico. Este fondo implementaría el principio quien contamina, paga. Este tratado es fundamental para la protección de los derechos humanos en los países en desarrollo y menos desarrollados.
Por otra parte, se debe garantizar el diseño de plásticos que faciliten su eliminación progresiva o su reciclaje seguro, especialmente en países en desarrollo que dependen de las importaciones y no cuentan con las economías de escala, por lo que la eliminación de este material les resulta costosa.
Una transición justa y basada en derechos humanos
Asimismo, el tratado también debe garantizar recursos legales para las personas afectadas de manera desproporcionada por la contaminación y asegurar que la transición hacia una economía circular sea justa e inclusiva. Esto también incluye proteger a quienes dependen económicamente del trabajo con plástico.
Por último, los expertos concluyen que una solución global requiere una visión audaz que enfrente los daños causados por las industrias de combustibles fósiles y petroquímicos. Este esfuerzo no solo contribuirá a mitigar el impacto de la contaminación plástica, sino que también contribuirá a combatir el cambio climático y la pérdida.
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