Un suceso escalofriante de crueldad animal ha conmocionado a la comunidad de Florencio Varela. Diez perros del refugio de animales “La Banda de Sarita”, ubicado en la localidad de La Capilla, han sido víctimas de un brutal ataque: fueron envenenados deliberadamente.
La tragedia ya cobró la vida de 6 de ellos, mientras que los cuatro restantes luchan por sobrevivir de la crueldad animal.
El refugio, una institución que lleva más de dos décadas funcionando en la zona rural de Varela, nunca antes había enfrentado un ataque de esta magnitud, aunque en los últimos tiempos venía sufriendo constantes amenazas.
«Hace 30 años que me dedico arescatar animales. Actualmente, en “La Banda de Sarita” tenemos más de 500 animales —entre 350 perros, muchos gatos, caballos, chanchos y vacas—, todos rescatados de situaciones extremas de maltrato, abandono o causas judicializadas» declara Sara, directora del refugio a Noticias Ambientales.
Investigación en curso: un acto de crueldad animal planificado
La denuncia formal fue radicada en la Comisaría Quinta de La Capilla, lo que activó de inmediato la intervención de la Policía Ecológica. Los agentes realizaron el levantamiento de restos de veneno hallados en el predio, que serán cruciales para la investigación.
Según fuentes cercanas al caso dicen que todo apunta a que el hecho no fue accidental; se trata de un acto planificado de crueldad animal.
Además, el pasado viernes se amplió la denuncia en la Fiscalía competente. Desde la ONG, se ha solicitado la intervención urgente de un médico veterinario forense de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Su labor será fundamental para realizar los análisis toxicológicos necesarios en las vísceras de los animales fallecidos y así determinar la sustancia empleada.
Cómo se aplica la ley para un hecho tan triste
La causa se está investigando bajo la figura de maltrato animal, un delito tipificado por la Ley 14.346, ampliamente conocida. Sin embargo, dada la naturaleza intencional del ataque contra seres vivos protegidos por la ley, también podría encuadrarse dentro del artículo 184 del Código Penal por daños agravados.
La organización frente a este acto de crueldad animal ya ha confirmado que se constituirá como particular damnificado para impulsar activamente la investigación penal, contando con el patrocinio legal de la abogada Marcela Loyola.
En un emotivo diálogo, voluntarios del refugio expresaron su profunda angustia: “Hace un tiempo que venimos siendo víctimas de hostigamientos, pero esto cruzó todos los límites”.
La investigación sobre crueldad animal sigue en curso, y se aguardan los resultados de los análisis para avanzar con posibles imputaciones. Mientras tanto, los proteccionistas claman por solidaridad, justicia y una mayor seguridad para los animales desprotegidos.
