La minería de litio en Brasil, puntualmente en el Valle de Jequitinhonha, se enfrenta a un freno judicial. La Fiscalía Federal (MPF) solicitó la suspensión de proyectos en Araçuaí y sus municipios aledaños.
Argumentó «fallas graves en la consulta a las comunidades locales» y daños ambientales. Así, la medida pone en el centro del debate la viabilidad de una minería sustentable que respete los derechos sociales y ambientales.
Falta de consulta previa y el impacto en las comunidades
La solicitud de la Fiscalía, según informaron medios locales, se basa en la falta de consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, un requisito legal para proyectos que impactan territorios de pueblos indígenas y comunidades tradicionales.
Empresas como Atlas Lithium y Sigma Mineração avanzaron en sus operaciones sin cumplir con este principio fundamental.
El comunicado oficial del MPF cita informes que revelan daños tangibles. En las comunidades de Calhauzinho y Passagem da Goiaba, las obras viales del proyecto Neves (operado por Atlas Lithium) han afectado las tuberías de agua, impactando el suministro diario de las familias.
Por su parte, el proyecto Grota do Cirilo, de Sigma Lithium, también está bajo escrutinio. Un análisis de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 2021 alertó sobre serias deficiencias en la gestión del agua.
Advirtió que las dos minas a cielo abierto podrían alterar el cauce del arroyo Piauí, la principal fuente hídrica para los habitantes de Araçuaí e Itinga, especialmente en épocas de sequía.
El dilema del desarrollo económico y los derechos ambientales
El Valle de Jequitinhonha, a pesar de ser una de las regiones más empobrecidas de Brasil, posee una de las reservas de litio más importantes. Se trata del mineral considerado estratégico para la transición energética global.
Aunque la promesa de inversiones millonarias y la creación de empleo es atractiva, este caso reaviva el debate sobre si la actividad minera puede coexistir con los derechos de las comunidades locales.
La Fiscalía ha dado un plazo de 20 días a la Agencia Nacional de Minería (ANM) para acatar la suspensión de permisos y la revisión de licencias. La falta de respuesta podría llevar a acciones legales, marcando un precedente crucial para la industria del litio no solo en Brasil, sino en toda la región latinoamericana.
En este sentido, la decisión de la ANM será clave. La integración de las comunidades en la toma de decisiones no solo es una obligación ética y legal, sino una estrategia también para asegurar la viabilidad a largo plazo de estos proyectos.
