En el contexto del debate sobre la modificatoria de la Ley de Glaciares que promueve el Gobierno Nacional, las distintas jurisdicciones provinciales analizaron la cuestión dentro del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Debido a una combinación de votos negativos, abstenciones y ausencias, el proyecto oficialista no consiguió obtener el aval de dicho organismo.
Durante la sesión del COFEMA, los delegados de las provincias de Argentina examinaron los cambios legislativos que el Ejecutivo pretende debatir este jueves en el Senado de la Nación. En ese marco, la Provincia de Buenos Aires manifestó formalmente su rechazo a la propuesta, argumentando que la misma representa un grave retroceso en la protección ambiental.
Fundamentos legales y ambientales del rechazo
La subsecretaria de Política Ambiental de Buenos Aires, Tamara Basteiro, explicó que, desde una perspectiva jurídica, la iniciativa contradice el principio de no regresividad ambiental establecido en el Acuerdo de Escazú, tratado internacional suscrito por el país. Asimismo, señaló que la reforma vulnera lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Basteiro subrayó que esta controversia ocurre en un periodo de crisis climática global, con advertencias constantes de la ONU sobre la velocidad del retroceso de los glaciares.
Por otro lado, la ministra de Ambiente bonaerense insistió en que el resguardo de estas masas de hielo es una política estratégica para cuidar los bienes comunes naturales y asegurar el acceso al agua. Sostuvo que cualquier cambio en la ley debería elevar los estándares de protección y no reducir los ya existentes. También remarcó que Argentina posee la segunda reserva de agua dulce más importante de Latinoamérica y se opuso a una flexibilización ambiental que facilite la destrucción de estos recursos por parte de corporaciones extranjeras.
Resultado de la sesión y actores involucrados
Finalmente, ante la falta de una mayoría de apoyos y las mencionadas ausencias y abstenciones, quedó en evidencia la carencia de un consenso federal para una reforma que pone en riesgo instrumentos de conservación. La Provincia de Buenos Aires lideró el bloque opositor y, junto a otros estados provinciales, promovió la participación de organizaciones ambientales y especialistas del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para enriquecer el debate técnico.
