La provincia de La Pampa ha judicializado la normativa aprobada recientemente por el Congreso Nacional, argumentando que la misma compromete seriamente el acceso al agua. En sintonía, diversos grupos ambientalistas promueven demandas colectivas en el mismo sentido.
El Gobierno de La Pampa interpuso una acción de amparo colectivo ambiental contra la ley que altera el régimen de protección de glaciares.
Esta presentación ante el Juzgado Federal de Santa Rosa incluye una medida cautelar que busca paralizar la vigencia de la norma hasta que se dictamine sobre su constitucionalidad.
Esta estrategia judicial fue coordinada con la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. El objetivo principal es que el Estado Nacional reciba una declaración de inconstitucionalidad y nulidad sobre la ley sancionada.
El gobernador Sergio Ziliotto lideró el anuncio oficial desde la Casa de Gobierno, ratificando su decisión de llevar el conflicto a los tribunales.
La postura pampeana sostiene que la reforma atropella derechos fundamentales vinculados al ambiente, la salud y el recurso hídrico, contraviniendo tratados internacionales y la Constitución Nacional.
Argumentos sobre el impacto hídrico
Ziliotto denunció que la ley viola el principio de no regresión ambiental estipulado en el Acuerdo de Escazú. Según el mandatario, aunque la provincia no posee glaciares en su territorio, depende críticamente del río Colorado, cuyo origen es glacial. “A partir de esta ley va a haber menos agua”, advirtió, señalando que dicho río abastece actualmente al 45% de la población provincial.
Fundamentos legales y medida cautelar
La fiscal de Estado, Romina Schmidt, cuestionó la validez de las audiencias públicas realizadas durante el debate legislativo, asegurando que no cumplieron con los estándares de participación real.
La demanda solicita la inconvencionalidad de la norma y su inaplicabilidad inmediata, enfatizando que el perjuicio para la provincia es un daño real y no una mera abstracción.
El escrito judicial exige que se restablezca el régimen de protección anterior mientras se sustancia la causa, obligando al Estado Nacional a abstenerse de ejecutar las modificaciones aprobadas.
Acciones de la sociedad civil
De forma paralela, entidades como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace han convocado a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva nacional.
Estas organizaciones consideran que, ante la sanción legislativa, la disputa por la preservación de los recursos hídricos debe trasladarse ahora al ámbito judicial para frenar el retroceso en materia de protección ambiental.
