Las Defensorías del Pueblo de todo el país impulsan un pedido de informes al Gobierno nacional para conocer el alcance de las medidas adoptadas en materia de fauna silvestre. La preocupación central es la flexibilización de las normas para el tránsito y exportación de ejemplares, que podría facilitar el tráfico ilegal de especies.
El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, advirtió en diálogo con La Otra Mirada de FM Espacios 92.5 que la eliminación de la Subsecretaría de Ambiente y el traslado de sus funciones a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes debilitó los controles estatales.
Riesgos de la flexibilización
Las resoluciones nacionales permiten la exportación de animales silvestres bajo ciertas condiciones (criaderos registrados, fines científicos o de conservación). Sin embargo, la ausencia de una autoridad fuerte para fiscalizar genera un vacío que puede ser aprovechado por redes ilegales.
“El problema es que a nivel nacional no existe ninguna autoridad fuerte que permita una fiscalización como la que había anteriormente”, señaló Gialluca.
Dimensión del delito
El tráfico ilegal de animales silvestres es considerado el cuarto delito más rentable del mundo, detrás de las drogas, la falsificación y la trata de personas.
- Mueve entre 15.000 y 20.000 millones de dólares por año.
- El NEA argentino es uno de los principales objetivos de estas organizaciones, dada su gran diversidad de especies.
- En Formosa son frecuentes los procedimientos contra personas que transportan aves, reptiles y mamíferos protegidos.
Pedido de informes al Gobierno nacional
Las Defensorías solicitaron información sobre:
- Cantidad de autorizaciones otorgadas para tránsito interprovincial y exportación de fauna.
- Registro de criaderos habilitados.
- Organismos responsables de controlar la actividad.
- Recursos humanos, técnicos y presupuestarios disponibles para fiscalizar.
El Gobierno nacional dispone de 15 días para responder. En caso contrario, las Defensorías adelantaron que podrían avanzar con acciones judiciales.
Impacto en subproductos y mercados internacionales
La flexibilización también podría favorecer el comercio ilegal de cueros y subproductos de especies protegidas, un negocio con fuerte demanda en mercados internacionales y que suele estar impulsado por redes de intermediarios.
La advertencia de las Defensorías del Pueblo refleja la necesidad de una presencia activa del Estado para proteger la fauna autóctona. La flexibilización de controles abre la puerta a la depredación y al fortalecimiento de redes ilegales que amenazan la biodiversidad argentina.
“La fauna silvestre autóctona necesita una protección fuerte y no abrirle la puerta a la depredación como ha hecho actualmente el Gobierno nacional”, concluyó Gialluca.
