La reciente ley aprobada por la Cámara de Senadores sobre la generación renovable distribuida es la próxima evolución en el sistema eléctrico.
Si el primer paso histórico fue la democratización del consumo, los primeros servicios en el país datan de 1887 y se generalizan una década después, hoy 120 años después, ya en el siglo XXI llegamos a la democratización de la generación eléctrica.
La Cámara aprobó por unanimidad el proyecto denominado ‘Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública’.Nuevo nombre junto a un nuevo mercado para una nueva realidad. El usuario -una vivienda, un comercio, un edificio público, una fábrica- que inyecta energía a la red se llamará prosumidor, acrónimo de productor y consumidor.
Y la generación se llama distribuida, por oposición a la que se genera en las centrales eléctricas, y ésa es su principal ventaja: se genera en el mismo lugar donde se consume, con lo que se ahorra todo el gasto de transporte de la electricidad, la infraestructura, su mantenimiento y las pérdidas de energía que se producen en el camino entre la central eléctrica y el enchufe, que son nada menos que de entre el 8 y el 15 por ciento.Un prosumidor es aquel que genera su propia energía a partir de fuentes renovables, entonces deja de consumir de la red.
Por esa simple razón, tuvo muchas resistencias en los escenarios de las distribuidoras provinciales y cooperativas eléctricas, jugadores chicos del sistema que se declararon en riesgo ante el posible descenso en sus ingresos de los mercados cautivos.
El contexto de esta nueva Ley de cuarenta y un artículos en total resulta muy interesante, dado que el sector de las energías las renovables se están transformando en un fenómeno federal también en el mercado mayorista. Se está produciendo un cambio de cultura en la visión energética del país porque impulsará el mercado de las economías regionales y particularmente de Pymes, tanto para la instalación como para el mantenimiento.
Fuentes del Ministerio de Energía y Minería de la Nación ya anunciaron que la reglamentación de la ley se realizará durante el primer trimestre de 2018.
