La Corte Suprema de Justicia separó al juez federal de Quilmes, Luis Armella, de la causa por el seguimiento del fallo que ordena sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, confirmaron fuentes judiciales.
Además, la Corte denunció penalmente a Armella y a ‘todos los involucrados’ en supuestas irregularidades en la contratación de obras para el saneamiento y decidió promover una investigación contra el magistrado en el Consejo de la Magistratura.
Fuentes judiciales informaron que la Corte, que fue la que puso a Armella para ejecutar su sentencia en aquel fallo histórico que ordenó el saneamiento, designará un nuevo juez para el caso en el término de dos semanas, para evitar la paralización de la causa.
El juez Armella fue denunciado por el Poder Ejecutivo por ‘posible’ incurrimiento en ilícitos en su función de ejecutar la sentencia de la Corte Suprema que dispone el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo: se lo acusa de vincularse con un grupo de empresas que consiguieron contratos millonarios sin licitación alguna.
Los posibles delitos por los que se investigaría al juez son ‘estafa contra la administración pública’, ‘violación de los deberes de funcionario público’, y ‘negociaciones incompatibles con la función pública’, imputaciones que suponen una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua.
Ante las graves acusaciones, el Ejecutivo solicitó el juicio político contra Armella por ‘palmario mal desempeño’, ya que el juez ‘ha perdido las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo’.
En la denuncia se hace referencia a una investigación periodística de un matutino, según la cual ‘se encontraría probado un modus operandi delictivo en el que el juez Armella aparece como autor principal’, sostiene la presentación, y precisa que ‘el juez intimó a la Autoridad de la Cuenca (Acumar), bajo apercibimiento de graves sanciones y multas personales a los respectivos funcionarios, a realizar en plazos perentorios diversos proyectos”.
‘Ante la premura exigida por el magistrado, se habilitarían los supuestos de excepción” para beneficiar, ‘sin procesos licitatorios’ a ’empresas que serían próximas al juez’.
El texto firmado por Abal Medina señala que en las contrataciones se siguieron las órdenes del magistrado. En su proceder, eran invitadas por Aysa las mismas seis empresas a los concursos privados, donde siempre ganaba la firma M&T. “El informe de la Auditoría General concluye que dichas empresas se encuentran vinculadas ‘por la alternancia de sus socios o la coincidencia de domicilios’.
La denuncia cita ‘el informe de la Auditoría General de la Nación’, fechado el 9 de octubre, que ‘señala cuatro contrataciones directas efectuadas por Aysa con Compañía Constructora M&T S.A.’, por más de dos millones de pesos, y “14 obras adjudicadas a M&T mediante concurso privado de precios, por un total de 123.428.218 pesos”.
Seis empresas, siempre las mismas, eran invitadas por AySA a los concursos privados, que siempre ganaba M&T. “El informe de la Auditoría General concluye que dichas empresas se encuentran vinculadas ‘por la alternancia de sus socios o la coincidencia de domicilios’.
También la Ceamse efectuó ‘una contratación directa de la firma M&T, por un monto de 3.597.834,30 pesos’, ‘a partir de las razones de urgencia sustentadas en la resolución del juez Armella’.
La denuncia se detiene en ‘el caso de la firma Gildin S.A.’ y señala ‘la relación directa del juez Armella con los socios y directivos de Gildin’; recuerda que en 2009 Armella prohibió la instalación de nuevas canteras en la Cuenca y ordenó ‘la clausura de la totalidad de las que se mantenían operativas’, lo cual permitió ‘liberar de competencia a Gildin y asegurar su contratación’.
Armella quedó al frente del caso luego de que la Corte dictó en junio de 2006 una primera sentencia, exigiendo al Estado la presentación de un plan para limpiar el Riachuelo y recomponer el agua, el suelo y el aire.
El alto tribunal dictó una última sentencia, en julio de 2008, por la que ordenó la implementación de políticas públicas concretas en materia ambiental y fijó plazos para realizarlas y sanciones en caso de incumplimiento, a cargo de la Autoridad de Cuenca.
Además, había dejado en manos del juez Armella la ejecución de la sentencia definitiva y estableció un control sobre ella, en manos del defensor del Pueblo, de las ONG que intervinieron como terceros en la causa y de la Auditoría General de la Nación.
