El gobierno de coalición progresista de España declaró la «emergencia climática y ambiental» y anunció un total de 30 líneas prioritarias de actuación que se compromete a implantar en sus 100 primeros días en el poder, aunque aún debe concretar las medidas, entre ellas los cambios hacia una fiscalidad verde.
Una de las primeras medidas aprobadas la semana pasada por el gabinete formado por socialistas y la coalición de izquierda Unidas Podemos -del que también participa el partido de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau- es remitir al Parlamento una «Ley de Cambio Climático y Transición Energética», con la que se busca alcanzar la meta de emisiones netas cero para 2050.
Con ese objetivo se impulsará un sistema eléctrico 100% renovable, un parque automotor privado y de vehículos comerciales con emisiones cero, un sistema agrario neutro en emisiones y un sistema fiscal, presupuesto y plan de inversiones «compatible con la necesaria descarbonización de la economía».
El Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez se compromete a, «salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas», no otorgar beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil.
Pero además «analizarán los vigentes», lo que puede llevar a un cambio en el impuesto al diésel, que subirá, lo que anticipa una fuerte resistencia por parte de taxistas y transportistas independientes.
La «fiscalidad verde» no tiene afán recaudatorio sino «disuasorio» para impulsar una transformación del modelo productivo.
Tampoco autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos.
El acuerdo del gobierno incluye, también, una estrategia para un turismo sustentable.
Una de las medidas «urgentes» que impulsa el Ejecutivo nacional de España es la implementación de «zonas de bajas emisiones» en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, que vetarían la circulación de autos contaminantes.
Barcelona inauguró el 1 de enero la mayor zona de bajas emisiones del país y del sur de Europa, que abarca 95 kilómetros cuadrados, 20 veces el tamaño de Madrid.
España se sumó a Francia, Irlanda y Canadá, convirtiéndose en el cuarto país en declarar la emergencia climática.
