Francia ofrecerá una prima de hasta 1.500 euros para quienes decidan abandonar su coche viejo y contaminante a favor de una bicicleta eléctrica.
El anuncio del Gobierno de Emmanuel Macron se conoce una semana después de que el Parlamento galo diera su visto bueno final a la ley sobre cambio climático que, pese a las críticas de ecologistas que consideran que no va lo suficientemente lejos, contiene medidas innovadoras como la prohibición de vuelos cuando existen alternativas en tren de menos de dos horas y media.
“Para promover el uso de la bicicleta eléctrica como alternativa al vehículo individual y favorecer el paso hacia el transporte sostenible, especialmente en el terreno urbano y de su periferia, la Ley del Clima extiende la prima a la conversión para la compra de una bicicleta de asistencia eléctrica o de una bicicleta de carga eléctrica a cambio de la entrega para su desguace de un coche o camioneta contaminante”, explicaron en un comunicado conjunto los responsables de Economía y Transporte del Gobierno macronista.
La prima máxima será de 1.500 euros. A ella se une la posibilidad de obtener un “bono bicicleta” de hasta 1.000 euros para la adquisición de una bicicleta de carga eléctrica. A esta ayuda complementaria podrán acceder “particulares, colectividades locales, asociaciones o profesionales que constituyan alternativas limpias adaptadas a los modos de transporte urbano”.
Aunque esta medida no figuraba en el texto original del proyecto de ley sobre “clima y resiliencia” presentado por el Gobierno, una enmienda al respecto fue votada de forma unánime en la Asamblea Nacional a mediados de abril. La semana pasada, el conjunto del paquete normativo recibió su visto bueno final en el hemiciclo.
Este tipo de ayudas no se contemplan todavía en España, informa Miguel Ángel Medina. Un portavoz del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, explica que el programa de ayudas para compra de vehículos eléctricos vigente en la actualidad, denominado Moves III, “no incluye ayudas para bicis eléctricas ni para sustituir un vehículo por una bicicleta”, sino tan solo para coches y furgonetas. “En cualquier caso, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sí se publicarán otros programas que incentiven el uso de la bicicleta como modo de transporte”. De hecho, el Gobierno presentó en junio la primera Estrategia Estatal de la Bicicleta, que incluye muchas propuestas para impulsar el uso de la bici, si bien por ahora no incluye ayudas concretas.
No más vuelos cortos si hay alternativa en tren
La ley francesa prevé también la prohibición de los trayectos aéreos cuando existe una alternativa en tren menor a dos horas y media y que esté garantizada varias veces al día (aunque hay excepciones, como en el caso de trayectos que garanticen correspondencias con otros vuelos).
En materia de consumo, la norma francesa prohíbe la publicidad de energías fósiles y, a partir de 2028, la de los vehículos más contaminantes.
También se establece la prohibición, a partir de 2025, de los embalajes alimentarios de poliestireno de uso único y se establece la dedicación, hasta 2030, de al menos el 20% de la superficie de venta de los comercios de más de 400 metros cuadrados a los productos a granel. A partir de 2028 también estará prohibido alquilar viviendas mal aisladas y que por tanto requieren altos gastos energéticos, lo que en Francia se denomina “coladores térmicos”.
A pesar de que a comienzos de año varios miembros del Gobierno criticaron al alcalde ecologista de Lyon por proponer un menú sin carne en los comedores escolares —para agilizar el servicio de cantina en momentos de crisis sanitaria—, la ley ahora aprobada también regula en esta materia. En los comedores escolares habrá un menú vegetariano un día a la semana y en algunas localidades se ofrecerá la posibilidad de escoger una opción vegetariana “diaria”, destacó la Agencia France Presse.
A partir de 2024, además, la carne y pescado de los menús deberán ser al menos en un 60% de “calidad” (aunque, de momento, la norma no especifica en qué debe traducirse esto) y el 50% de los productos usados también en los comedores gestionados por empresas privadas deberán ser sostenibles o de comercio justo, mientras el 20% deberá ser de origen bio.
Aunque finalmente el Gobierno renunció a comienzos de mes a celebrar, como había anunciado, un referéndum para introducir en la Constitución una mención a la “biodiversidad, el medioambiente y la lucha contra el calentamiento global”, la nueva ley prevé la creación de un delito general de contaminación del agua y el aire. Este delito tendrá la agravante de “ecocidio” cuando se establezca intencionalidad en su comisión. Las penas por ecocidio podrán llegar hasta los diez años de cárcel y 4,5 millones de euros de multa.
Tirón de orejas ecologista y judicial
El proyecto de ley fue finalmente aprobado el 20 de julio por 233 votos a favor y solo 35 en contra. A pesar de su fuerte respaldo, organizaciones ecologistas como Greenpeace y diputados de izquierda criticaron la “falta de ambición” de la normativa, que surgió de la Convención Ciudadana para el Clima que convocó Macron y que, entre octubre de 2019 y junio de 2020, reunió a 150 ciudadanos elegidos por sorteo con el objetivo de “definir una serie de medidas para alcanzar una reducción de al menos un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 [respecto a 1990] en un espíritu de justicia social”. La Convención emitió 146 propuestas, de las que la ley finalmente solo recoge una parte. Y que, según Greenpeace Francia, han quedado “vacías de sustancia” y con fechas de implementación demasiado “tardías”.
La ley “no permite lograr nuestros objetivos de reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero”, dijo a la AFP la representante de la ONG Réseau Action Climat, Céleste Duriez. La normativa fue aprobada una veintena de días después de que el Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo de Francia, decretara que el Estado francés no está haciendo lo suficiente para reducir un 40% los gases de efecto invernadero en 2030 y cumplir así con el Acuerdo de París contra el cambio climático. Por ello, en una decisión anunciada el 1 de julio, le dio nueve meses de plazo para, hasta el 31 de marzo de 2022, tomar “medidas suplementarias” y “útiles” que garanticen las metas fijadas tanto internamente como a nivel internacional.
