Las respuestas a las problemáticas en las cárceles aparecen mayormente desde organizaciones sociales, muchas de ellas priorizando esquemas de economía circular.
Todas las estadísticas para entender la situación de las cárceles en la Argentina proponen desafíos para diseñar políticas.
Según el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena del 2022, el 79,8% de los que transitan una condena son menores de 44 años y el 65,7% tienen condenas más reducidas a los 9 años (el 59,9% por delitos de robo o venta de estupefacientes); el 83% no terminó la educación secundaria y el 38% se encontraba sin trabajo al momento de ser detenido.
El entrecruzamiento de estas cifras revela que los años de pena podrían ser fundamentales para la formación de estas personas, que recuperarán la libertad ambulatoria en edades de plenitud laboral.
Hasta el momento, las alternativas al tránsito de una condena ociosa o aislada provienen de agrupaciones políticas, organizaciones sociales, iglesias y universidades públicas.
Para diseñar políticas de seguridad en la Argentina hay que contemplar la inserción laboral de quienes terminan condenas. Si bien el registro es precario e incompleto, el 26% de las personas que están en la cárcel no transitan su primera condena y los reincidentes (quienes cometen un delito que nunca habían hecho) duplican el número de reiterantes. El seguimiento del Estado, hasta el momento, prioriza la vigilancia sobre estas personas a la generación de oportunidades.
Experiencias de economía circular para personas que terminan una condena
Reciclar con perspectiva ambiental, reutilizar para producir, renovar para consumir: la economía circular tiene principios que se encuentran incorporados en las cooperativas de trabajo como modalidad de subsistencia.
Sin embargo, la urgencia ecológica revaloriza estos procesos que, con un respaldo de industrialización verde, pueden ser potenciados por los actores que integran el emprendedurismo popular.
Además, desde estos sectores reconocen que son ellos mismos -por su desplazamiento a los márgenes urbanos- los más afectados por los desechos tecnológicos y las alteraciones medioambientales.
Desde la Red Creer destacan dos proyectos con esta perspectiva. En una cárcel de Olmos, la textil Juaga formó trabajadores y los incluyó a un modelo de producción de vestimenta de moda que utiliza como materia prima material reciclable.
Otra iniciativa fue la de Toco Madera, que nació en una unidad de San Martín luego de un taller de emprendedurismo y economía social. A partir de la articulación con una cooperativa de reciclaje de plástico y de la inversión del Estado nacional (que también apoyaba a través del Potenciar Trabajo) en maquinaria, desarrollaron un taller de producción de madera plástica de alta resistencia para muebles y exteriores.
José Ruiz Díaz pone en tensión la definición de economía circular “porque nace del conjunto de las actividades que se inventaron quienes quedaron excluidos de un mercado formal de trabajo para poder subsistir”, por lo que prefiere llamarle economía popular.
Aún así, el MTE tiene varias referencias de esta perspectiva en su trabajo sobre liberados. Una de ellas es la de TecnoRAEE, una cooperativa que refuncionaliza residuos eléctricos y electrónicos y, además de vender una parte de la producción, dona equipamiento a instituciones educativas y estudiantes que no pueden comprar su primera computadora.
“Con la economía popular no va a alcanzar. Vamos a necesitar del privado que también contrate a la gente que sale de la cárcel, pero hay que tener en claro que respondemos a dos lógicas diferentes: la racionalidad empresarial tienen que ver con la ganancia y la nuestra tiene que ver con una necesidad de subsistir”, concluye Ruiz Díaz.
Fuente: Ámbito.com
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