La COP29 trae novedades en materia de financiamiento climático. Sean positivas o negativas, para entender lo que está sucediendo primero hay que entender de qué hablamos cuando hablamos de cómo se financiará.
Si hay algo que muchos nos preguntamos es qué es el financiamiento climático, porque si bien el término parece autodefinirse, cuando hablamos de negociaciones climáticas tal definición no existe.
Hay algunas cosas que sí están bastante claras y en esta nota daremos algunas claves y un poco de contexto general para entender de qué se trata este tema, tan contencioso, que revolucionará a la República de Azerbaiyán y al mundo entero las próximas semanas.
Como dijimos anteriormente, hay un gran problema en lo relativo al financiamiento climático y es que no existe consenso sobre la definición oficial del término, algo importantísimo si nuestra tarea es la construcción de legislación sobre esta temática.
Sin embargo, intentaremos aventurarnos en una definición, quizás algo simple, de lo que significa este concepto: financiamiento climático: son los recursos financieros movilizados por los Estados que se destinan a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (mitigar) y adaptarse a las consecuencias del cambio climático.
Por fin llegamos a nuestra primera encrucijada, y es que la definición que esbozamos recién excluye una parte esencial del financiamiento climático sobre todo para los países en desarrollo, como la Argentina. Si bien remitimos a la adaptación y la mitigación, la pieza faltante de esta definición es la compensación por daños y pérdidas: los costos incurridos al no poder mitigar lo suficiente como para que los fenómenos climáticos no ocurran o llevar a cabo las acciones para adaptarnos a ellos. Así, podríamos actualizar nuestra definición, adosando a ella “…y la compensación por los daños y pérdidas derivados de los efectos adversos de la crisis climática”.
Ahora vamos acercándonos a una definición más completa de lo que es el financiamiento climático. Pero faltan dos componentes: ¿Quién debe proporcionar estos recursos o hacia qué dirección deben fluir los flujos financieros? y por otro lado, ¿cuánto dinero debemos invertir en esto?
Llegado este punto, la controversia es ineludible, y es aquí donde las negociaciones sobre financiamiento climático se complejizan drásticamente, enfrentando a dos bandos con posiciones -casi- irreconciliables.
Mientras que los países en desarrollo reclaman -en línea con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas– que el financiamiento climático debe provenir mayoritariamente de fuentes públicas y en forma de donaciones proporcionadas por los países desarrollados como compensación por las consecuencias de sus emisiones de gases de efecto invernadero históricas, los países desarrollados, buscan a toda costa evadir esta responsabilidad y sobre todas las cosas, aumentar la base de contribuyentes para agregar a ciertos países de renta media que se encuentran exentos de esta obligación, tales como China o India.
Para entender la cuestión de la cantidad, el Quantum, como se lo denomina en la jerga de las negociaciones internacionales, hay que hacer un poco de memoria. Corría el año 2009, y el mundo se preparaba para recibir una de las cumbres de cambio climático más emblemáticas de la historia: la COP15 de Copenhague, donde se esperaban alcanzar acuerdos sin precedentes para ponerle fin de una vez al cambio climático.
Lamentablemente, estas aspiraciones le quedaron muy grandes y la cumbre fue una gran decepción, aunque sí logramos un avance novedoso en materia de financiamiento: los países desarrollados se comprometieron a proporcionar 100.000 millones de dólares anuales que iban a destinarse a los países en desarrollo para acción por el clima hasta 2020.
En la COP21, y con la firma del Acuerdo de París, esta meta se extendió temporalmente, y se decidió que los 100.000 millones se movilizarían hasta 2025, año en el que habría que actualizar la meta de financiamiento climático. A pesar de lo novedoso del hecho, la verdad es que los fondos nunca llegaron a movilizarse en su totalidad, y los países desarrollados mantuvieron sus contribuciones por debajo de lo pactado, hasta el año 2022.
Según el reporte de la OCDE solo en aquel año se logró movilizar ese monto, mientras que entre 2013 y 2021 el monto máximo fue de 89.6 mil millones, incluyendo las fuentes privadas que realizaron aportes. Cabe destacar que incluso las cifras de 2022 continúan siendo discutidas por los países en desarrollo, con lo que la demanda por financiamiento climático se torna cada vez más pujante.
Hoy, con un 2024 que se nos escurre entre los dedos, se acerca el fin de la meta global de financiamiento actual, y nos encontramos cada vez más cerca de la COP29, donde, si todo sale bien, se definirá la Nueva Meta Colectiva y Cuantificada de Financiamiento Climático (o NCQG, para los amigos), que establecerá el monto de financiamiento a movilizar durante los próximos 5 a 10 años y cuyo piso mínimo es de 100 mil millones de dólares anuales.
Parecería entonces que el camino está allanado para conseguir una nueva meta global, que todo se resolverá fácilmente y estamos en las puertas de la victoria, pero, ¿cómo vienen las negociaciones? La respuesta es simple: mal. Como vimos antes, llegar a un resultado ambicioso es complejo y hay que abordar problemas de lenguaje que parecen insondables.
Luego de 13 diálogos de expertos técnicos (TEDs), días de debate, y noches de insomnio, la realidad es que no tenemos casi certezas sobre el NCQG, más que que el piso de financiamiento es de 100 mil millones.
Todavía queda mucho por definir y poco tiempo para pensar. Mientras que los países desarrollados llevan tiempo evitando hacer una propuesta concreta de financiamiento con la intención de forzar una decisión de último momento, los países en desarrollo se encuentran desarticulados y con propuestas diversas en términos de quantum, que van desde los 1,1 a los 1,3 billones de dólares, a pesar de esto, todo el resto queda por definir y el escenario no podría ser de mayor incertidumbre.
Más financiamiento significa mayores recursos para los países en desarrollo, para la concreción de obras de infraestructura, seguridad energética y en definitiva, para la preservación de los derechos humanos de las poblaciones del sur. Por eso es tan importante comunicar lo que está sucediendo en Bakú y presionar para alcanzar un NCQG fuerte y ambicioso, cuantitativa y cualitativamente, que responda a las necesidades de los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares.
De cara a la COP30 brasilera en 2025, que se presenta como una conferencia de proporciones épicas y busca posicionarse como el nuevo París, alcanzar un resultado ambicioso es central. Incluso si no sabemos muy bien lo que es el financiamiento climático, sí les podemos asegurar que lo mejor, es tenerlo.
Fuente: Dana Oyarzabal de Jóvenes por el Clima
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