Argentina cortó con una tradición de bienestar al habilitar nuevamente la exportación de animales vivos para faena. El decreto 133/2025, firmado en febrero, revierte una prohibición de más de cinco décadas y enciende una luz roja en la conciencia ecológica y ética del país.
Durante esos traslados, miles de vacunos son confinados en barcos por semanas, hacinados, deshidratados y expuestos a enfermedades, sin atención veterinaria adecuada. Asimismo, incidentes como naufragios o incendios agravan el sufrimiento y expone a los animales a destinos con estándares de protección animal mínimos.
El decreto deroga una norma histórica de 1973 y atrasa los avances conquistados en legislación animal, contrastando fuertemente con la tendencia global que reduce o prohíbe el comercio en pie por razones éticas, sanitarias y ambientales.
A contracorriente mundial
Mientras varios países avanzan hacia la prohibición —Reino Unido, Alemania, Nueva Zelanda y otros— Argentina decide dar un paso atrás. Se normaliza una práctica que globalmente se considera obsoleta y cruel, favoreciendo intereses comerciales sobre la salud pública y el respeto por los animales.
La apertura alcanza más que al ganando vacuno: también facilita la exportación masiva en pie para faena, más allá del comercio de equinos o animales deportivos autorizados limpiamente. Esto intensifica los riesgos inherentes al transporte, con impactos directos sobre la calidad de vida de los animales y la percepción internacional del país.
Además, la medida pone en jaque el reconocimiento legal de los animales como sujetos sintientes, presentes en varias sentencias recientes, y toca nervios sensibles de productores, autoridades y sociedad civil. Las voces críticas alertan que el decreto prioriza el rendimiento económico por sobre la compasión y el bien común.
Distintas leyes de protección animal en Argentina
Durante los últimos años, Argentina avanzó en el reconocimiento legal de los animales. A nivel nacional, la Ley 27.330 declara su condición de seres sintientes, obligando a promover políticas de protección. Complementariamente, la Ley 27.605 prohíbe la utilización de animales vivos en circos y espectáculos públicos.
Aunado a esto, numerosas provincias y municipios cuentan con normas propias: la Ciudad de Buenos Aires regula el transporte y cuidado animal, mientras que provincias como Córdoba y Mendoza establecen sanciones para maltrato y exigen pautas de bienestar ganadero para actividades rurales.
Sin embargo, la habilitación de la exportación en pie revela un vacío normativo y una contradicción entre la legislación y las prácticas vigentes. Grupos de protección animal y la sociedad civil impulsan ajustes urgentes para alinear la normativa vigente con los principios de protección y salud pública ya incorporados, exigiendo coherencia y compromiso real.
