En un giro histórico para la defensa animal, el gobierno de Corea del Sur aprobó en enero de 2024 una ley que prohíbe la venta de carne de perro para consumo humano, con plazo hasta febrero de 2027 para que los criadores cierren sus operaciones.
El avance fue celebrado por organizaciones defensoras del bienestar animal, pero la implementación está plagada de tensiones, vacíos logísticos y efectos no deseados.
Entre la ley y la práctica: animales invendibles y granjas sin salida
El desafío más urgente es qué hacer con el medio millón de perros en cautiverio, en un contexto donde:
- Los refugios están saturados
- Los programas de adopción avanzan lentamente
- Algunos criadores amenazan con liberar animales en zonas residenciales como protesta
“Los criadores tienen cientos de perros que ya nadie compra, granjas imposibles de cerrar, y recursos mínimos para sobrevivir”, señalaron activistas locales.
Incentivos insuficientes y soluciones limitadas
El Estado ofreció compensaciones de hasta 600.000 wones (aproximadamente USD 450) por perro para quienes cierren antes de plazo, pero el monto es considerado insuficiente por los productores, que denuncian la falta de alternativas laborales y medidas de reconversión.
Grupos de rescate han intentado reubicar animales en países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, donde las adopciones son más viables, aunque estos esfuerzos solo cubren una pequeña fracción de los casos urgentes.
Una industria ancestral y su colapso repentino
La prohibición afecta a más de 1.500 granjas dedicadas históricamente al consumo de carne canina. Según cifras oficiales:
- Desde enero, 623 han cerrado
- El resto enfrenta incertidumbre y presión social creciente
El cambio cultural es evidente: solo el 8 % de los surcoreanos consumió carne de perro el último año, y más del 57 % apoya la ley. Sin embargo, miles de familias que dependen de esta industria desde generaciones se sienten abandonadas por una transición que consideran abrupta.
Transición justa: el desafío pendiente
A pesar del avance ético que implica esta ley, defensores de los derechos animales, expertos en bienestar y actores sociales coinciden en que prohibir es solo el primer paso. El verdadero reto radica en:
- Diseñar políticas de reconversión económica y capacitación
- Establecer programas sólidos de adopción y cuidado
- Evitar el sacrificio masivo de animales salvados pero sin destino definido
“Sin soluciones integrales, el cierre de granjas puede derivar en nuevos focos de abandono y sufrimiento”, advierten ONG locales.
