Varias organizaciones no gubernamentales destacaron el accionar de España para luchar contra la pesca ilegal en la Antártida, tras el anuncio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre el inicio de un proceso sancionador contra varias empresas y tripulantes españoles implicados en la pesca pirata.
El proceso sancionador marca la etapa de resolución de la Operación Sparrow, lanzada por el Magrama en marzo pasado.
Greenpeace y Sea Shepherd, entre otros grupos, expresaron su satisfacción al conocer la noticia, así como su esperanza de que el Gobierno español dé a conocer qué compañías y embarcaciones están involucradas, informó el diario La Voz de Galicia.
Estas ONG estiman que las sanciones sobre las compañías involucradas, que vinculan con la firma Vidal Armadores, de Ribeira, y sus administradores llegarían a unos EUR 11,5 millones.
El Magrama informó la detección de 19 infracciones muy graves, que son sancionables de manera individual con multas de hasta EUR 600.000 y penas de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras.
Varios grupos conservacionistas llevan años intentado frenar a los buques pesqueros piratas que capturan merluza negra en aguas de la Antártida sin licencia, sin respetar zonas prohibidas y empleando medios ilícitos para su captura.
