El Gobierno de Entre Ríos ha autorizado la caza menor de cinco especies de aves autóctonas, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Aves (el pasado 10 de mayo).
Esta resolución, emitida por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, establece la temporada de caza desde el 10 de mayo al 15 de agosto, permitiendo la captura de:
- Pato Picazo.
- Sirirí Pampa.
- Pato Cutirí.
- Pato de Collar.
- Inambú Común.
Cada cazador podrá matar hasta cuatro ejemplares de cada especie de pato y hasta seis perdices o inambúes por excursión.
Organizaciones ambientales denuncian irregularidades
La medida ha generado un fuerte rechazo por parte de instituciones socioambientales, que denuncian:
- Ausencia de estudios independientes para evaluar el impacto ecológico.
- Falta de participación ciudadana en la toma de decisiones.
- Ocultamiento de información pública ambiental por parte del Gobierno provincial.
Desde el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS) señalaron que la habilitación de la caza contradice normativas de protección de fauna y representa un riesgo para el equilibrio ecológico.
Cuestionamientos legales y posibles consecuencias
La Dra. Cecilia Domínguez, abogada de CEYDAS, calificó la resolución como «irresponsable e infundada», ya que viola leyes y tratados internacionales como:
- El Acuerdo de Escazú, sobre acceso a la información y participación ciudadana.
- El artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza la protección del ambiente.
- La Ley 25.831, de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.
Además, alertó que la resolución aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial, ni en páginas oficiales del Gobierno, lo que implica que la actividad no cuenta con habilitación formal.
En consecuencia, quienes practiquen la caza podrían incurrir en un delito penal.
Un debate que pone en foco la conservación
El impacto de esta decisión abre el debate sobre la protección de especies autóctonas, el acceso a la información pública y la necesidad de políticas ambientales transparentes.
Con el rechazo creciente de organizaciones y ciudadanos, el Gobierno provincial enfrenta presión social para revisar la medida y garantizar una gestión responsable de la biodiversidad en Entre Ríos.
*Con información de CEYDAS – Entre Ríos
