La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos comenzará a debatir la creación de Fiscalías Ambientales. Se ubicarían bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la provincia.
Los intercambios comenzarán con una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Recursos Naturales y Ambiente del recinto. Analizarán el texto de la diputada Lorena Arrozogaray (PJ).
Entre Ríos: cómo serían las Fiscalías Ambientales
La iniciativa busca crear una Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra el Ambiente en Gualeguaychú.
Tendría competencia territorial sobre los departamentos Concordia, Villaguay, Federación, San Salvador, Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.
Además, propone la instalación de otra Unidad Fiscal en Paraná, con competencia territorial sobre los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Federal, Feliciano y Rosario del Tala.
El proyecto propone, de esta forma, crear un cargo de Fiscal Ambiental en la ciudad de Paraná, otro para Gualeguaychú, dos de Fiscales Ambientales Auxiliares en la ciudad de Paraná y dos cargos también de Auxiliares en la ciudad de Gualeguaychú.
Según la propuesta, los asistiría técnica y profesionalmente un Cuerpo de Investigación Científica, conformado por profesionales universitarios del ámbito con especialización en carreras y disciplinas ambientales y, al menos, cinco años en ejercicio de la profesión.
Los argumentos: para qué las Fiscalías
La legisladora sostuvo que la creación «contribuirá a mejorar la prestación del servicio de justicia, aportando especialización y eficiencia en el trámite de litigios judiciales en estos temas».
En esa línea, indicó que el objetivo es facilitar el acceso a la justicia ambiental de los ciudadanos y dotar al poder judicial de precisión técnica en la materia.
«Se busca dar respuestas desde el poder judicial a una demanda relativa a la protección de derechos ambientales, permitiendo a las Fiscalías Ambientales la investigación de los conflictos donde se encuentre comprometido el interés colectivo y la protección de animales», expresó.
«Se promueve que las herramientas jurídicas disponibles por el ordenamiento vigente sean llevadas adelante por operadores del derecho especialistas en la materia, a modo de asegurar a la comunidad una tutela jurisdiccional efectiva del derecho a un ambiente sano», agregó.
La importancia de contar con fiscalías y agencias especializadas
Las fiscalías ambientales, así como agencias u organismos especializados en este tipo de delitos, son muy importantes.
Contribuyen a proteger la salud pública y a preservar los recursos naturales. Es que, contar con la expertise y la formación adecuada permite también dimensionar los actos delictivos que atentasn contra la flora y fauna.
Cuando se habla de delito, implica un acto o conducta expresamente estipulada y penada por la ley, en un tiempo y lugar determinados.
En Argentina, los delitos ambientales abarcan una amplia gama de conductas que van desde la contaminación de recursos hídricos hasta la deforestación y el tráfico de fauna silvestre. Algunos de los más comunes incluyen:
- Contaminación ambiental: La descarga ilegal de sustancias tóxicas en ríos y lagos, que afecta la biodiversidad y la salud humana.
- Deforestación: la tala indiscriminada de bosques, especialmente en áreas protegidas.
- Tráfico de fauna silvestre: la captura y comercio ilegal de especies en peligro de extinción.
- Aprovechamiento ilícito de recursos naturales: la extracción no autorizada de recursos minerales y forestales.
Estos delitos no solo tienen un impacto directo en el ambiente, sino que también afectan a las comunidades locales, que dependen de estos recursos para su subsistencia.
