El Consejo de ministros aprobó este lunes el proyecto de ley de derechos de los animales que busca poner fin al maltrato animal “reformulando las penas” que podrán llegar hasta los tres años de cárcel. Según ha informado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el Ejecutivo ha dado “luz verde” a la segunda vuelta del proyecto de ley, cuyo anteproyecto fue aprobado en la mesa del consejo el pasado 18 de febrero. Rodríguez recordó que este proyecto de Ley El Gobierno da luz verde al proyecto de ley de bienestar animal que eleva las penas por maltrato y abandono.
Está impulsado por el Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que se tratará de una norma “pionera” en España para garantizar el bienestar animal y ofrece un marco legal común para el conjunto del país. Así, ha valorado las “bases” que han puesto ya en marcha “muchos” ayuntamientos y comunidades autónomas para garantizar el bienestar de los animales.
En definitiva, la portavoz del Gobierno considera que la ley, que se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria, tratará de dar respuesta a numerosos hogares que conviven con un animal “al que consideran un miembro más de la familia”.
Según ha explicado Moncloa en las referencias del Consejo de Ministros, el proyecto “pretende integrar, coordinar y clarificar en una única norma de rango legal el régimen jurídico en materia de tenencia y convivencia responsable con animales, lucha contra el abandono y maltrato de animales que viven en el entorno humano”.
Además tiene como objetivo “impulsar la actuación coordinada de los poderes públicos en favor del fomento de la protección y bienestar animal y establecer un sistema de información centralizado en materia de protección animal como instrumento de colaboración con todas las entidades y administraciones públicas en el desempeño de sus competencias de protección y bienestar animal”.
Para ello, el proyecto articula “mediante distintos instrumentos de coordinación el ejercicio de las respectivas competencias de las comunidades autónomas y entes locales en materia de protección y bienestar animal”.
Se pretende, con ello, “racionalizar, simplificar y dotar de coherencia al régimen jurídico de la protección animal estableciendo unas obligaciones comunes para todos los ciudadanos que sean titulares o responsables de animales de compañía o silvestres en cautividad, con independencia de su lugar de residencia, así como criterios homogéneos respecto al trato con animales abandonados, extraviados, desamparados o urbanos”.
La tenencia responsable de animales de compañía es uno de los puntos fundamentales del proyecto, que se vuelca en introducir un nuevo concepto de integración de los animales en la sociedad y tenencia responsable en los ámbitos de convivencia, sanidad y respeto por los derechos de los animales.
También se recoge una serie de medidas para conseguir el abandono cero, “fundamental para el éxito de los objetivos que se pretenden alcanzar”. “Para conseguir el abandono cero y el éxito de los objetivos planteados en el proyecto, se establecen algunas medidas fundamentales, como el control y registro de la cría y venta de animales de compañía mediante criterios orientados a evitar la sobreexplotación, la cría y venta incontrolada, y fomentar la educación y formación de la sociedad para evitar la proliferación de abandonos“, explica el Ministerio de Ione Belarra.
El proyecto, además, establecerá mecanismos orientados a reducir el maltrato y mejorar el funcionamiento de profesionales y colectivos relacionados con los animales de compañía, como la limitación de la utilización de animales en eventos públicos, la regulación de las entidades de protección animal o de los profesionales del comportamiento o el establecimiento de algunas formaciones mínimas para ejercer las distintas actividades.
Uno de los puntos más significativos del proyecto es el establecimiento de un listado positivo de animales de compañía, que regulará qué animales pueden ser objeto de esta definición y, por tanto, de la convivencia en los hogares.
Por último, el proyecto establecerá las obligaciones de las administraciones públicas en materia de protección animal, teniendo como objetivo, además, facilitar la función inspectora y de vigilancia para prevenir las situaciones de maltrato animal y racionalizar, homogeneizar y dotar de proporcionalidad al régimen de infracciones y sanciones en materia de protección animal.
