En la IV Circunscripción Judicial de La Pampa, el fiscal Nicolás Rojo y la defensora Soledad Trímboli concretaron donaciones al programa social INAUN y al Aeroclub de Victorica. Los fondos provinieron de causas judiciales por caza furtiva, resueltas mediante el “criterio de oportunidad”, que permite canalizar el resarcimiento hacia instituciones locales.
El INAUN recibió un televisor de 50 pulgadas para actividades recreativas, mientras que el Aeroclub obtuvo materiales para mantenimiento de pista y pintura de alto tránsito. La iniciativa busca que las sanciones se traduzcan en beneficios concretos para la comunidad.
Antecedentes de la medida
En abril, tres cazadores de Buenos Aires y Córdoba, sancionados por caza furtiva, pactaron con la Justicia abonar un millón de pesos en concepto de daños ocasionados en el JIN 21.
Según el fiscal Rojo, el objetivo es que los resarcimientos “no queden en lo abstracto” y se conviertan en aportes tangibles.
Razones para combatir la caza furtiva
La provincia considera esta lucha crucial para:
- Conservación de la fauna: evitar el declive poblacional y daños irreversibles en especies autóctonas.
- Seguridad pública: frenar el uso ilegal de armas en campos privados y prevenir delitos conexos como el abigeato.
- Economía y turismo: proteger recursos naturales que sustentan el ecoturismo en áreas como el Parque Luro.
Estrategias de control
La Pampa implementa operativos que combinan:
- Vigilancia aérea con drones térmicos.
- Patrullajes en zonas rurales estratégicas como Victorica y General Acha.
- Multas severas e inhabilitaciones para frenar la reincidencia.
Objetivos de las sanciones
Las multas, que pueden superar los $2 millones, buscan:
- Efecto disuasorio: eliminar el incentivo económico del furtivismo.
- Preservación de la biodiversidad: evitar la matanza indiscriminada de especies nativas.
- Inhabilitación: prohibir temporal o definitivamente la actividad de caza.
- Control de riesgos asociados: reducir traslado irregular de jaurías y transmisión de enfermedades.
Marco legal
Las infracciones se penalizan bajo la Ley Provincial de Conservación de la Fauna Silvestre (Ley 1194), mediante el sistema de “días multa”, cuyo valor se calcula según el precio de los combustibles. Los fondos recaudados se destinan a instituciones de bien público, reforzando el vínculo entre justicia y comunidad.
La modalidad de destinar las multas por caza furtiva a instituciones locales representa un avance innovador en la Justicia pampeana. No solo se combate un delito que amenaza la biodiversidad, sino que se generan aportes concretos para la sociedad, fortaleciendo la conciencia ambiental y el compromiso comunitario.
