Desde este jueves, los Estados miembros de la Unión Europea deben adaptar sus leyes nacionales a la Directiva sobre Delitos Ambientales (2024/1203), aprobada en abril de 2024.
La normativa amplía la lista de delitos contra el medioambiente y establece penas de hasta 10 años de cárcel para las infracciones más graves que provoquen la muerte de una persona.
La medida responde al aumento de actividades ilícitas altamente lucrativas, muchas veces vinculadas al crimen organizado, y busca reforzar la protección ambiental mediante el derecho penal.
Nuevas categorías de delitos
La directiva incorpora conductas que antes no estaban tipificadas:
- Reciclaje ilegal de barcos.
- Extracción ilegal de agua.
- Infracciones graves con sustancias químicas y mercurio.
- Delitos vinculados a gases fluorados de efecto invernadero.
- Comercio ilegal de madera.
- Daños sustanciales a ecosistemas protegidos.
- Contaminación provocada por buques.
- Introducción de especies invasoras.
Además, se introduce el concepto de “delito cualificado”, aplicable a casos de destrucción generalizada o daños duraderos al medioambiente.
Penas y sanciones
- Hasta 10 años de prisión: cuando el delito ambiental cause la muerte de una persona.
- Hasta 8 años: para los delitos cualificados más graves.
- Hasta 5 años: para otras infracciones.
- Multas empresariales: entre el 3% y el 5% de la facturación mundial anual o hasta 40 millones de euros.
Las empresas también podrán ser sancionadas con la revocación de permisos, exclusión de financiación pública y la obligación de restaurar el entorno dañado.
Formación y recursos
La directiva exige que jueces, fiscales, inspectores y policías especializados cuenten con formación y recursos adecuados. También prevé apoyo para defensores ambientales implicados en procedimientos penales.
Adaptación nacional y retrasos
Aunque el plazo legal venció este jueves, algunos países aún no han transpuesto la directiva. Entre ellos está España, cuya demora fue criticada por WWF:
“La protección del medioambiente no puede quedarse en declaraciones políticas. Sin leyes actualizadas, recursos suficientes y tribunales especializados, muchos delitos ambientales seguirán quedando impunes”.
La Comisión Europea podría iniciar procedimientos de infracción contra los Estados que no cumplan.
Importancia de la armonización
La nueva normativa es clave por varios motivos:
- Armonización europea: amplía el catálogo de delitos de 9 a 18 y evita “paraísos legales”.
- Penas severas y disuasorias: comparables al concepto de “ecocidio”, aunque no se mencione explícitamente.
- Responsabilidad empresarial: sanciones económicas y medidas adicionales para garantizar la reparación del daño.
- Protección global: reconoce que los delitos ambientales son transnacionales y afectan cadenas de suministro internacionales.
La Directiva sobre Delitos Ambientales marca un hito en la política penal europea, al pasar de simples multas a consecuencias disuasorias reales. Su implementación busca frenar la impunidad, proteger ecosistemas estratégicos y garantizar que las empresas y personas responsables de daños ambientales enfrenten sanciones proporcionales a la gravedad de sus actos.
