El tráfico ilegal de vida silvestre está relacionado con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. El transporte ilegal de especies endémicas, sobre todo de santuarios naturales como las islas Galápagos en Ecuador, es uno de los problemas que afecta a las criaturas del archipiélago, especialmente a las tortugas y a las iguanas.
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) de la que Ecuador es suscriptor posee en sus registros cifras alarmantes. Los reptiles, principalmente familias de iguanas y tortugas, son la tercera especie con más exportaciones con fines comerciales desde Ecuador desde 1975.
Esto pese a que la CITES busca regular la comercialización de las especies con base en su vulnerabilidad. La Convención tiene tres anexos, el primero y el segundo, recogen a las especies más vulnerables, entre ellas a las iguanas y tortugas.
La investigadora Michelle Anagnostou dijo a Bitácora Ambiental, una plataforma especializada en medioambiente, que el tráfico y comercio ilegal de vida silvestre está relacionado con el tráfico de drogas. Esto porque los grupos criminales utilizan las estructuras que ya poseen para cometer ciertos delitos y deversifican sus intereses ilegales. Según Anagnostou, que ha investigado por varios años este vínculo, “la trata de drogas emergió como la más comúnmente relacionada con el comercio ilegal de vida silvestre”.
Para la experta, “si una ruta de tráfico de drogas está funcionando sin ser detectada por las autoridades también puede utilizarse para transportar vida silvestre”, esto porque los grupos criminales buscan cualquier oportunidad de incrementar sus ganancias.
De acuerdo con las investigaciones de Anagnostou, se estima que el comercio ilegal de vida silvestre genera ganancias de entre USD 7 y 23.000 millones anuales para los traficantes.
Las islas Galápagos son consideradas como uno de los santuarios naturales más importantes del planeta. En sus aguas y tierras se encuentran especies endémicas – es decir, que son originarias de ahí– lo que ha llamado la atención de las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil que constantemente realizan alianzas para la conservación de la flora y fauna del archipiélago.
Sin embargo, la protección a especies vulnerables y endémicas, pero de alto valor comercial no es suficiente. Por tal razón, Miltón Castillo, ex defensor del Pueblo de Galápagos, y Franklin Vega, editor Bitácora Ambiental, presentaron una acción de protección en contra del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Relaciones Exteriores con el propósito de fortalecer la protección a seis especies de iguanas y otra de tortugas.
De acuerdo con los argumentos de Castillo y Vega, con base en los permisos CITES expedidos por el Ministerio del Ambiente de Ecuador, desde 1975 se han comercializado al menos 415 iguanas terrestres y 32 tortugas endémicas de Galápagos, como la iguana rosada, por ejemplo. La justificación oficial es que estas especies fueron comercializadas antes de que la CITES entrará en vigencia.
Vega, que publica reportajes sobre medio ambiente en Bitácora Ambiental, ya alertó que existe un blanqueo del comercio ilegal de iguanas marinas y terrestres de Galápagos en Suiza y Uganda. Según Vega, estos reptiles, que solo están presentes en las islas Galápagos, se venden en Mali, Tailandia, Suecia, Sudán, Japón e Indonesia. El Ministerio del Ambiente de Ecuador aseguró al portal que las iguanas vivas se exportaron sin permisos y que los parentales, si es que los hay, tienen un origen ilegal.
Las especies de reptiles tienen compradores en Asia y Europa y son comercializadas para ser mascotas exóticas que generalmente terminan en manos de coleccionistas que pueden pagar por ellas. Cada ejemplar puede venderse en miles de dólares.
Incluso en países como Uganda se han detectado criaderos de iguanas de Galápagos que no tendrían los permisos correspondientes. Es decir, que las especies fueron traducidas de forma ilegal.
Lo mismo sucede con las tortugas. Por ejemplo, Vega advierte que “en los Estados Unidos, por lo menos 77 personas tienen autorización para criar en cautiverio tortugas endémicas de Galápagos”. Incluso dentro del Ecuador, las tortugas son las especies más decomisadas, según Bitácora Ambiental.
El tráfico de las especies sucede por vía aérea entre Galápagos y Guayaquil, o por vía marítima con embarcaciones que parten desde el archipiélago por la noche.
Castillo y Vega en su acción de protección solicitaron a la justicia que disponga la realización de pruebas de ADN en los pies de cría de las especies para determinar su origen. No obstante, la justicia solo determinó que el Estado deberá cambiar de clasificación a las especies en cuestión, es decir que tengan el nivel más alto de vulnerabilidad.
El tráfico de vida silvestre desde las Galápagos, especialmente cuando se refiere a iguanas y tortugas, es el más visible. Por ejemplo, en marzo del 2021, las autoridades frustraron la salida de 185 tortugas gigantes pequeñas en el aeropuerto de Baltra, en Galápagos.
También, entre el 2017 y el 2018, 150 tortugas del centro de crianza de la isla Isabela en Galápagos desaparecieron. Tan solo 29 fueron encontradas en Perú y luego se las regresó a Ecuador.
En el 2015, un hombre mexicano fue sentenciado por intentar traficar dos iguanas terrestres y nueve marinas. En el 2012, un alemán fue detenido y arrestado por intentar sacar del país a cuatro iguanas terrestres.
La Policía Nacional del Ecuador creó la Unidad de Protección del Medio Ambiente que realiza patrullajes preventivos y operativos en los Parques Nacionales y playas del país con el propósito de evitar el tráfico de vida silvestre.
Esta unidad, que también opera en las Galápagos, ha exhortado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva que atente en contra de la flora y fauna del archipiélago.
A esto, se suman los esfuerzos y alianzas para la conservación. Como el convenio firmado, en el 2021, entre el Parque Nacional Galápagos y Wildlife Conservation Society para el fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y de aplicación de la ley enfocada a la conservación y manejo de la vida silvestre, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y otras acciones para mejorar los sistemas de control y vigilancia en áreas protegidas con el objetivo de evitar delitos ambientales.
