Desde Bolivia piden la extradición de Jorge Noya, un argentino identificado como el presunto líder de una red internacional de caza y tráfico de fauna.
Noya, quien se presenta como “cazador profesional” con más de 40 años de experiencia, operaba a través de su empresa «Caza & Safaris». Ofrecía expediciones de caza en áreas protegidas de Bolivia, Argentina y Brasil.
Permanece con prisión domiciliaria en la Argentina por asociación ilícita, maltrato animal y depredación de fauna silvestre.
Caza y tráfico de fauna: el caso de Jorge Noya
Las autoridades bolivianas lo acusan de biocidio y destrucción del patrimonio natural, tras identificarlo como responsable de la caza de varios yaguaretés en el Parque Nacional San Matías, en el departamento de Santa Cruz.
Por su parte, la justicia argentina lo procesó por asociación ilícita, maltrato animal y depredación de fauna silvestre, dictándole prisión domiciliaria.
En el operativo realizado en agosto de 2024, se incautaron 44 armas de fuego, 12 vehículos y más de 7900 trofeos de caza, incluyendo taxidermias, cuernos y pieles.
La denuncia la presentó el exguardaparques y activista ambiental Marco Uzquiano, el abogado Rodrigo Herrero y la representante del Colectivo Llanto del Jaguar, Lisa Corti.
Según las investigaciones, Noya realizó más de 30 viajes irregulares para cazar o llevar clientes a cazar yaguaretés en la selva boliviana. Además, se identificaron otros miembros de la red, como Federico Manuel Testa, presunto socio de Noya, quien también enfrenta cargos en Bolivia.
Cómo operaba la organización de caza ilegal
La organización operaba desde 1979, ofreciendo paquetes de hasta 48.000 euros para cazar animales silvestres, incluidos jaguares en peligro de extinción.
Fuentes cercanas a la investigación plantearon a La Nación que el cazador había diseñado un modus operandi en el que se atraían clientes, se conseguía el espécimen que se quería cazar, se rentaban armas y se gestionaba el envío del “trofeo” o animal taxidermizado.
Presuntamente, operaban en la Argentina, en Bolivia y en Brasil. La red fue desmantelada gracias a la colaboración entre las fiscalías y agencias ambientales de los tres países, aunque se teme que pueda continuar funcionando en la clandestinidad.
Este caso pone de manifiesto la gravedad del tráfico de fauna silvestre en América Latina y la necesidad urgente de fortalecer las leyes y políticas de conservación para proteger a especies en peligro de extinción como el yaguareté.
