La reciente media sanción en el Senado santafesino de un proyecto de ley que busca declarar plaga a las palomas generó un intenso conflicto entre el gobierno provincial y las organizaciones de defensa animal.
La iniciativa pretende implementar un programa de control poblacional para disminuir la proliferación de estas aves, pero los grupos proteccionistas advierten que la medida podría derivar en métodos letales y abrir un camino “sin retorno”.
El proyecto de ley y sus alcances
El expediente, remitido a la Cámara de Diputados provincial para su tratamiento, establece la creación de un plan provincial de manejo y prevención frente a la superpoblación de palomas y otras especies similares.
La propuesta habilita al Ministerio de Desarrollo Productivo a firmar convenios con organismos nacionales, institutos de investigación, municipios, universidades, entidades agropecuarias y ONG para coordinar acciones conjuntas.
La defensa de la iniciativa
El senador por el Departamento San Justo, Rodrigo Borla, defendió el proyecto y aseguró que se busca un esquema de trabajo sostenido y ambientalmente sustentable.
“Estamos buscando un sistema ambientalmente sustentable. No vamos a salir mañana a matar a todas”, afirmó en diálogo con LT8.
Borla reconoció que la paloma “es parte de la cadena alimentaria”, pero remarcó que resolver el problema “no es fácil”, incluso después de distintos intentos implementados por municipios y productores rurales.
Entre las medidas mencionó un repelente desarrollado por el INTA, aunque aclaró que no ha dado los resultados esperados. Por ello, planteó la necesidad de reunir a los equipos técnicos en una mesa común para definir estrategias conjuntas.

Rechazo de organizaciones proteccionistas
La media sanción encendió alarmas en asociaciones dedicadas a la defensa de los animales.
Rosalia Aurascoff, coordinadora de Encuentro Proteccionista y miembro del Consejo Asesor del Concejo Municipal de Rosario, expresó su rechazo:
“De ser aprobado, va a constituirse en un problema gravísimo para la provincia y los municipios. Cuando el exterminio se convierte en política pública, abre caminos sin retorno”.
Aurascoff sostuvo que cualquier intervención debe apoyarse en criterios éticos, científicos y de gestión territorial, y rechazó la posibilidad de aplicar métodos letales. Además, recordó que la expansión de las palomas está vinculada a la transformación del ambiente y la pérdida de hábitat natural.
También advirtió que el proyecto “va en contra del artículo 41 de la Constitución Nacional” y de diversas leyes nacionales y provinciales de protección animal.
Alternativas propuestas
Como alternativa, las organizaciones sugieren realizar primero un relevamiento de poblaciones y hábitos de las aves. Entre las herramientas disponibles mencionan el uso de anticonceptivos a base de nicarbaniza, un método ya aplicado en Rosario que interrumpe la fertilidad de los huevos sin afectar a otras especies.
Este sistema puede aplicarse tanto en zonas urbanas como rurales, ofreciendo una solución no invasiva y con menor impacto ambiental.
Repudio de Protectora Santa Fe
La asociación Protectora Santa Fe también expresó su repudio mediante una publicación en redes sociales:
“Repudiamos firmemente cualquier iniciativa contra animales que sólo tenga como fin abordar las consecuencias, con soluciones antiéticas de exterminio e, incluso, inefectivas”.
La organización subrayó que el aumento de la presencia de muchas especies está directamente relacionado con la deforestación, la urbanización desordenada, la quema de pastizales y el avance de la explotación agrícola, factores que obligan a las aves a desplazarse para sobrevivir.
El proyecto para declarar plaga a las palomas en Santa Fe abrió un debate profundo sobre la gestión de fauna urbana. Mientras el gobierno provincial defiende la necesidad de un plan de control poblacional, las organizaciones proteccionistas alertan sobre los riesgos de habilitar políticas de exterminio y proponen alternativas éticas y científicas.
La discusión ahora se trasladará a la Cámara de Diputados, donde se definirá si la iniciativa avanza hacia convertirse en ley o si se incorporan mecanismos de control más respetuosos con la biodiversidad.



