En una controvertida decisión legislativa, la provincia de Río Negro aprobó el pasado 3 de julio un nuevo régimen de gestión integral de fauna silvestre que habilita la comercialización y exportación de especies nativas y su material genético, elimina la figura del guardafauna provincial, y modifica competencias clave en la protección ambiental, generando fuertes críticas de sectores ecologistas, científicos y representantes comunitarios.
La iniciativa fue promovida por el gobernador Alberto Weretilneck, con acuerdo de ministros, y sancionada por mayoría oficialista en una sola vuelta parlamentaria, sin instancias de debate ciudadano o consulta técnica amplia.
Fauna nativa en peligro: una ley que da vía libre al mercado
El texto reemplaza a la histórica ley Q Nº 2056 de 1985, y entre sus puntos centrales:
- Autoriza la explotación económica de fauna silvestre
- Habilita la comercialización de esperma y óvulos de especies endémicas, como la mojarrita desnuda o la ranita de Challhuaco
- Elimina el cuerpo de guardafaunas provinciales
- Transfiere la competencia de gestión de fauna desde Medio Ambiente al área de Desarrollo
Las especies afectadas incluyen al guanaco, el avestruz patagónico, el pudú-pudú, la avutarda y otras especies nativas utilizadas de forma tradicional por comunidades mapuche-tehuelche y criollas rurales, que ahora podrían ser objeto de explotación comercial.
“Se inicia una mercantilización de la vida silvestre sin precedentes, comparable a los modelos de extracción de marfil en África”, alertaron desde Fundación Humedales, que denunció impactos ecológicos graves y vacíos científicos en la formulación del régimen.
Guardafaunas sin vehículos para más de 200.000 km²
Durante el debate en comisiones, la diputada Magdalena Odarda (Vamos con Todos) solicitó informes sobre la capacidad operativa actual de fiscalización: el gobierno reconoció que solo cinco agentes y tres vehículos cubren una superficie de 203.013 km², con responsabilidad sobre 14 cotos privados de caza, muchos de ellos ubicados en áreas sensibles como el Parque Nacional Nahuel Huapi y zonas de conflicto territorial indígena.
Caza, territorios y capital extranjero
La nueva ley también desdibuja la diferencia entre:
- Cotos de caza con especies exóticas, como el habilitado por capitales de Emiratos Árabes Unidos en el Alto Chubut
- Y criaderos de especies nativas, cuya regulación ahora queda más difusa
Los cotos actualmente habilitados incluyen:
- Bariloche: FutannTüe, El Ñandú, El Cóndor, Río Villegas y Río Foyel
- Pilcaniyeu: Cerro David y Limay Sur
- Adolfo Alsina: Peumayén, El Porrón y Loma Blanca
- Conesa: San Benito
- Pichi Mahuida: El Águila y La Luna
- Avellaneda: La Celestina
Muchos de estos espacios están ubicados en tierras en conflicto con comunidades originarias, y su habilitación previa ya había generado controversia por falta de consulta y planificación ambiental.
Una mirada global, una decisión local
Mientras a nivel internacional se avanza en reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, esta ley reactiva un modelo de libre mercado sobre la vida silvestre, con paralelismos neocoloniales y ausencia de resguardos para especies vulnerables.
“La captura de guanacos y avutardas con fines comerciales no puede compararse con el autoconsumo de poblaciones rurales. Este tipo de leyes ignoran saberes ancestrales, agravan la pérdida de biodiversidad y vacían el rol del Estado como garante ambiental”, señalaron expertos independientes.
