El partido de San Antonio de Areco comenzó a implementar acciones destinadas a desalentar la caza con galgos, una actividad que desde hace años genera conflictos en áreas rurales de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa surge tras reiterados reclamos de productores agropecuarios preocupados por el ingreso de personas a propiedades privadas para realizar prácticas cinegéticas.
En este contexto, el municipio avanzó en nuevos mecanismos de control que incluyen el secuestro de perros utilizados durante estas actividades y el impulso de una futura ordenanza destinada a unificar sanciones y fortalecer las herramientas legales disponibles.
Asimismo, la propuesta fue construida mediante encuentros entre productores, autoridades municipales, integrantes de la Patrulla Rural y representantes del Ministerio de Seguridad bonaerense, quienes coincidieron en la necesidad de intervenir frente a una problemática recurrente.
Impactos sobre la producción y los ecosistemas rurales
Según manifestaron productores de la región, el ingreso frecuente de cazadores procedentes de Baradero, Zárate, San Andrés de Giles y Capitán Sarmiento generaba situaciones de tensión permanentes en los establecimientos rurales.
Además de la vulneración de la propiedad privada, la presencia de perros persiguiendo fauna silvestre y animales domésticos ocasionaba alteraciones en los ecosistemas locales y en las actividades productivas.
Por otra parte, las autoridades señalaron que estas prácticas pueden provocar estampidas de ganado, daños en alambrados, afectación de haras y trastornos en establecimientos agrícolas y ganaderos. A ello se suma la preocupación por la circulación de animales sin controles sanitarios adecuados.
Primeros operativos y secuestro de animales
Las nuevas medidas comenzaron a aplicarse recientemente mediante operativos realizados por el Comando de Prevención Rural (CPR). Durante uno de los procedimientos, una camioneta que se encontraba dentro de un campo fue interceptada por las autoridades.
Como resultado, los perros utilizados para la actividad fueron retirados y puestos bajo resguardo. Posteriormente, los animales fueron entregados a la fundación Corazón Vagabundo, organización dedicada al rescate y protección de perros.
Además, se confeccionaron las correspondientes actas contravencionales, marcando un antecedente inédito dentro de la jurisdicción y estableciendo nuevas pautas de actuación frente a este tipo de situaciones.
Una iniciativa que combina conservación y bienestar animal
La implementación de estas medidas aporta beneficios que trascienden el ámbito productivo y alcanzan la protección ambiental y el bienestar animal.
Por un lado, contribuye a reducir la presión sobre la fauna silvestre, evitando persecuciones que alteran los comportamientos naturales de diversas especies y afectan el equilibrio ecológico de los ambientes rurales.
Por otro lado, favorece la prevención del maltrato animal asociado al uso intensivo de galgos en actividades de caza. Asimismo, fortalece el control sanitario de los animales involucrados y promueve prácticas más responsables dentro del territorio.
Además, la iniciativa permite optimizar los recursos de seguridad rural, destinándolos a situaciones prioritarias relacionadas con la protección de las personas y de las actividades productivas.
Hacia una normativa integral para el distrito
Mientras continúan los controles, el municipio trabaja en un proyecto de ordenanza que será evaluado por el Concejo Deliberante. La propuesta busca concentrar en una sola normativa diversas infracciones vinculadas a estas prácticas.
Entre ellas se contemplan la invasión de la propiedad privada, la circulación sin autorización, la caza ilegal y posibles situaciones de maltrato animal. De esta manera, se pretende facilitar la aplicación de sanciones y agilizar las intervenciones de las autoridades.
Paralelamente, el municipio solicitó formalmente ser incorporado a la veda provincial de caza. La intención es avanzar hacia un modelo de gestión territorial que priorice la conservación ambiental, la protección de la biodiversidad y el respeto por las actividades rurales.
Un precedente para otros municipios bonaerenses
La experiencia de San Antonio de Areco comienza a posicionarse como un caso de referencia dentro de la provincia de Buenos Aires. La combinación de controles, rescate de animales y futuras herramientas legales representa una estrategia novedosa para abordar una problemática compleja.
Además, el trabajo conjunto entre productores, fuerzas de seguridad y autoridades locales evidencia la importancia de generar consensos para proteger tanto los recursos naturales como el bienestar animal.
En consecuencia, la iniciativa podría convertirse en un modelo replicable en otros distritos que enfrentan conflictos similares, fortaleciendo la conservación de los ambientes rurales y promoviendo formas más sostenibles de convivencia entre producción, naturaleza y comunidad.
