Las primeras bases científicas en la Antártida contaminaron más de lo que se creía

Hasta la adopción del Protocolo de Madrid en 1991, la gestión de los residuos de las bases científicas antárticas carecía del rigor que evitara daños medioambientales.

Así se recoge en una investigación liderada por Jonathan Stark, ecólogo marino en la división Antártica australiana en Hobart, publicada en el número de agosto PLOS One.

Su trabajo documenta las malas prácticas de la antigua Estación australiana Casey, al sureste del continente. Durante décadas, vertió al mar hidrocarburos y metales pesados como plomo, zinc o cobre.

Ecosistemas alterados

Tras comparar los niveles de polución con las bases de datos de World Harbour Projects, ha confirmado que las cantidades son similares a las halladas en los puertos de Río de Janeiro o de Sidney.

Entre los contaminantes detectados figuran bifenilos policlorados, considerados altamente cancerígenos, prohibidos mundialmente en 2001.

Las consecuencias de los vertidos y de la mala gestión de residuos en el pasado no son exclusivas de la estación Casey. Sedimentos marinos y análisis de calidad del suelo reflejan prácticas similares en distintas bases científicas del continente austral.

Esos contaminantes están causando alteraciones de ecosistemas y favoreciendo la proliferación de especies resistentes que colonizan nuevos entornos.

1991 y el Protocolo de Madrid

Además, el calentamiento global hace aflorar estos residuos de décadas pasadas en más lugares y con más rapidez. Las partículas que permanecían heladas hasta ahora, empiezan a filtrarse y a desplazarse.

La fecha clave para entender el origen de estos vertidos es 1991, cuando se acordó el Protocolo sobre Protección Ambiental del Tratado Antártico, o Protocolo de Madrid, que designó a la Antártida como una “reserva natural, dedicada a la paz y la ciencia” y ordenó a las naciones que monitorearan los impactos ambientales relacionados con sus actividades. Cada nación es responsable de la gestión de sus residuos.

Pero, para cuando se firmó esta salvaguarda, ya se habían construido dos terceras partes de todas las estaciones de investigación en la Antártida, y el daño ya estaba hecho. Ahora está aflorando.

Y aunque la contaminación histórica es un problema, la contaminación futura sigue siendo una preocupación a medida que el continente helado se vuelve más poblado. Ya hay más de 100 estaciones de investigación o instalaciones nacionales, y la mayoría de los edificios están ubicados en áreas libres de hielo, donde compiten con la vida silvestre por afianzarse en las tierras más viables.

Las áreas libres de hielo representan menos del 1% de la Antártida, pero albergan la mayor diversidad de plantas y animales, incluidas colonias de pingüinos y focas.

Un estudio de 2019 encontró que más de la mitad de todas las áreas libres de hielo en la costa tienen alteraciones del suelo visibles desde el espacio. «Las estaciones tienen una huella bastante grande para la cantidad de personas que están allí», dice Shaun Brooks, científico conservacionista de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) en Hobart, coautor del estudio.

También se están desarrollando programas para la eliminación de residuos procedentes de biocombustibles, empleando bacterias, como el que lleva a cabo la base argentina Carlini desde 2020, que ha logrado acabar con el 75% de este tipo de contaminantes.

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