La deforestación en Argentina es un problema que lleva décadas y que está lejos de encontrar una solución. Si bien ha disminuido en los últimos cuatro años, en 2017 creció el desmonte ilegal, sobre todo en el Norte y en la zona pampeana. Argentina se encuentra en emergencia forestal, con 300 mil hectáreas perdidas al año y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación la ubicó entre las diez naciones que más desmontaron entre 1990 y 2015.
Según un informe realizado por Greenpeace comparando imágenes satelitales de las cuatro provincias donde se concentra el 80% del desmonte, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta; el total de hectáreas desmontadas asciende a 128.217; casi la mitad (42%) se realizó donde estaba prohibido.
Esto marca que la deforestación ilegal en 2017 subió respecto del año anterior y la principal causa es el avance de la frontera agropecuaria (soja trangénica y ganadería intensiva), sumado a los incendios.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional anunció que ya puso en marcha el plan de reforestación “más importante de los últimos 50 años”, cuyo objetivo es “planificar, emprender, evaluar y monitorear un trabajo de largo plazo en áreas priorizadas para la restauración de bosques, recuperación de biomasa y la biodiversidad perdida”. El Programa Nacional de Restauración de Bosques Nativos Degradados está a cargo del ministro Bergman y ya lleva 81.800 árboles plantados en todo el país, aunque la tarea puede llevar varios años o incluso, décadas.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, deja constancia de que las sanciones al incumplimiento de la norma debe fijarlas cada jurisdicción, y aquellas que no cuenten con sanciones propias, deberán aplicar apercibimientos; multas que van de los 300 a 10 mil sueldos básicos de la administración pública nacional. “El problema es que el desmonte ilegal hoy es un delito civil que termina siendo una multa aplicada por la Secretaria de Ambiente de cada provincia, que a su vez decide cuándo aplicarla y cuánto cuesta. Los grandes empresarios desforestan igual, porque las cifras son irrisorias”, sostiene Hernán Giardini, coordinador de campaña de Bosques de Greenpeace.
