El Senado de la provincia de Buenos Aires analiza un proyecto de «Ley de Suelos« que levantó polémica entre los productores agropecuarios.
El objetivo de este es declarar de «interés público» la protección de suelos y agua destinados a la producción agropecuaria y forestal en territorio bonaerense.
Para ello, se propone establecer un «cuidado integral del suelo» y del agua de uso agropecuario o forestal para mantener y mejorar su capacidad productiva.
La iniciativa es impulsada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales bonaerense (Ciafba) y, por lo pronto, no fue tratada en la Legislatura bonaerense.
Sin embargo, sí fue expuesta en la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado provincial, desde donde debería avanzar a la Cámara Alta.
Qué propone el proyecto de «Ley de Suelos» bonaerense
El proyecto está destinado a «todas las personas físicas o jurídicas que realicen producción agropecuaria y/o forestal» en la provincia de Buenos Aires.
En su artículo 2, este propone «obligar» a estos sujetos a «colaborar con el cuidado de los suelos» y el agua a través de las acciones necesarias para garantizar un uso y manejo adecuado.
Además, la Ley de Suelos prohíbe utilizar para la producción aquellos suelos no aptos o en estado de degradación hasta su recuperación.
El objetivo declarado es preservar los recursos para las generaciones futuras y para que continúen siendo funcionales para:
- la seguridad alimentaria;
- la mitigación del cambio climático;
- la generación de divisas.
La norma contempla la creación de Distritos de Cuidado del Suelo y Agua.
Allí, el Ministerio de Desarrollo Agrario de PBA —como autoridad de aplicación— definiría características agroambientales según la susceptibilidad y grado de degradación de cada zona.
Todos los productores, propietarios o arrendatarios, deberían elaborar planes de uso y manejo obligatorios cada cuatro años.
Estos documentos requerirían firma de un profesional matriculado, contemplarían un plazo mínimo de cuatro campañas agrícolas y deberían ajustarse al catálogo oficial de prácticas aprobado por el Estado.
El proyecto prevé también un sistema dual de beneficios e infracciones.
Los productores que cumplan accederán a deducciones impositivas, mientras que quienes incumplan enfrentarán multas, la exclusión de programas estatales e incluso intervención administrativa.
También se busca crear un Fondo Provincial financiado con el 0,08% del presupuesto anual de Buenos Aires, más el producido de las multas aplicadas, legados y donaciones.
Este fondo administraría recursos destinados a la implementación de la ley.
Polémica por la «Ley de Suelos» que proponen en Buenos Aires: las quejas de distintas entidades
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) manifestó su oposición frontal.
«Desde Carbap manifestamos nuestro rechazo al proyecto de Ley de Suelos» realizado por el Ciafba, porque avanza sobre la propiedad privada, criticaron.
Según la entidad, la ley «impondría controles, sanciones y burocracia que nada aportaría al cuidado real del recurso«.
Carbap identificó diez puntos críticos. Entre ellos, la definición de «suelos aptos» por parte del Estado, cuyos criterios oficiales podrían dejar tierras improductivas.
También cuestionó la obligatoriedad de prácticas definidas por el Estado y la creación de consorcios forzosos que obligarían a productores a integrarse a estructuras colectivas.
La entidad advirtió sobre las «facultades muy amplias» otorgadas a la autoridad de aplicación «para decidir, controlar y sancionar, concentrando un poder que en la práctica puede derivar en intervenciones discrecionales«.
La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), por su parte, también emitió una queja.
«Nadie se puede subrogar el derecho a legislar sobre el buen uso del suelo, subestimando a las fuerzas del campo y de los productores», dijeron.
El debate en la Legislatura bonaerense recién comienza, con reuniones previstas en las próximas semanas sobre una iniciativa que divide posiciones.
