La Ong Manekenk presentó una apelación sobre el ambiente fueguino, ya que el juez no encontró delito en los funcionarios imputados y cuestionó la falta de voluntad del juez para investigar.
“Hay expresiones del juez que son absurdas”, afirmó Nancy Fernández.
La presidente de la organización ambientalista afirma que “hay expresiones que son absurdas” y adelantó una apelación a la resolución del juez Federico Vidal, que no encontró delito en los ex funcionarios imputados por el fiscal Fernando Ballester Bidau por los delitos de daño ambiental y daño arqueológico.
También aseguró que esta decisión del magistrado “nos confunde y no la entendemos, porque el fiscal es el que instruyó la causa y el que imputó a estos ex funcionarios, y evidentemente para fiscal hubo delito”.
“El fiscal es quien defiende al pueblo y suponemos que, cuando tome actuaciones en esta causa, va a apelar. Si no hubiera una presunción de delito, el mismo fiscal hubiese desestimado la denuncia”, barajó Nancy Fernández.
Cuestionó la falta de voluntad del juez para investigar, porque tiene todas las facultades para requerir información, si no la tiene. “El juez dice que no hay suficiente información para concluir que hubo delito, pero el problema está en la investigación que se hizo, porque información había.
Quedó demostrado que no hubo información adecuada, porque en el tramo de la ruta se encontraron restos humanos, que fueron entregados un mes después del hallazgo, sin la previa comunicación a los pueblos originarios como marca la ley.
Estuvieron más de un mes es una caja a resguardo del museo. La ley 55 es muy clara y los estudios de impacto siempre deben ser previos, no durante la obra. Si el estudio hubiera estado bien realizado, se hubiera sabido de antemano que allí había restos arqueológicos”, sostuvo.
“El juez dice que los hallazgos se hicieron en el marco de las salidas de rescate y mitigación, pero esas salidas de rescate empezaron en octubre de 2019 y la obra había empezado en enero de 2019. El rescate del patrimonio arqueológico debe ser previo a la obra, no diez meses después”, remarcó.
Para la ambientalista, “es una resolución donde se ve que no hay voluntad de investigar a fondo, porque hay información arqueológica, a la cual no se podía tener acceso, por lo tanto no entendemos cómo puede ser que la provincia tuviera información sobre esos restos. No cierra el argumento, y lo cierto es que el gobierno autorizó hacer una obra con información que no tenía. No entendemos cómo el juez dice que sí había información”, expresó.
Respecto de los pasos a seguir, preparan la apelación, pero también “vamos a esperar la actuación del fiscal.
Estamos hablamos con nuestro abogado, porque fuimos notificados ayer a última hora.
Está empezando a tomar vista de los expedientes y haciendo averiguaciones, pero hay expresiones del juez que son absurdas, teniendo en cuenta datos empíricos: el juez dice que el estudio de impacto ambiental no consignó un número inferior de sitios arqueológicos, cuando en los papeles claramente en el primer estudio había 7 –con lo que se habilitó la obra- y en el otro 300.
Está escrito en los papeles y no entendemos en qué se basa el juez para hacer estas afirmaciones en su dictamen”, concluyó.
