La Comisión Europea quiere tomar medidas para frenar lo que denomina greenwashing, que se podría traducir algo así como ‘blanqueo ecológico’ o ‘ecoblanqueo’. Es decir, el uso de la sostenibilidad y la lucha del cambio climático como una herramienta de marketing sin que en realidad la empresa cumpla con los estándares mínimos en materia medioambiental.
En una encuesta llevada a cabo desde 2020, el Ejecutivo comunitario ha identificado que el 53,3% de las afirmaciones ambientales eran “vagas, engañosas o infundadas” y que el 40% de ellas carecían de fundamento.
El balqueo ecológico una propuesta que ahora deberán acordar la Eurocámara y el Consejo, que representa a los Estados miembros, y que lleva bastante retraso y ha estado sometida a mucha presión por parte de los lobbies en Bruselas, que han querido mantenerla tan abierta y vaga como fuera posible.
El texto no incluye un gran nivel de detalle, pero establece que algunas afirmaciones, como que una camiseta está hecha con botellas de plástico reciclable, tengan que verificarse de forma independiente y que las empresas tengan que ofrecer pruebas que sustenten su etiqueta. La propuesta no cubre algunos campos en los que ya existen etiquetados de la Unión Europea que buscan homologar los estándares, como, por ejemplo, el logotipo de alimentos orgánicos que ya se aplica.
En todo caso, la Comisión Europea deja en manos de los Estados miembros cómo conseguir que la lucha contra el “ecopostureo” sea efectiva. “Los Estados miembros serán responsables de establecer procesos de verificación y ejecución” con “verificadores independientes y acreditados”.
Así, las capitales tendrán que establecer las estructuras necesarias para comprobar que las afirmaciones que hagan las empresas estén “fundamentadas con evidencia científica ampliamente reconocida”, impedir las “declaraciones o etiquetas que utilicen una puntuación agregada del impacto ambiental general del producto” en aspectos, como, por ejemplo, la “biodiversidad, el clima, el consumo de agua” o de suelo, salvo que haya normas europeas que permitan dicha puntuación y evitar el blanqueo ecológico.
Una de las preocupaciones que tiene la Comisión Europea son las etiquetas que proliferan y que, aseguran, generan mucha confusión entre los consumidores. En la actualidad, Europa cuenta con unas 230 etiquetas verdes o medioambientales y el Ejecutivo comunitario considera que la mitad de ellas no están verificadas.
Por eso, el Ejecutivo comunitario subraya que “su proliferación debe ser controlada”, fomentando los etiquetados a nivel de la Unión Europea y no permitiendo aquellos que no se desarrollen a nivel continental, permitiendo únicamente aquellos etiquetados privados “si pueden mostrar una mayor ambición ambiental que los existentes”. Con esto, Bruselas también busca impulsar su propia etiqueta, la “EU Ecolabel”.
La Comisión Europea considera que estas nuevas medidas beneficiarían a aquellas empresas que pueden demostrar que sus productos son sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, mientras que el blanqueo ecológico pondrá las cosas más difíciles a las compañías que lo usan como una cuestión de marketing sin que realmente cumplan con lo que aseguran en sus etiquetados o afirmaciones. En todo caso, las empresas pequeñas, con menos de 10 empleados y menos de dos millones de euros de facturación, estarán exentas de las obligaciones que establece la propuesta.
La Unión Europea ya ha tomado medidas para luchar contra el ‘ecoblanqueo’ en la cuestión de las inversiones. En 2021, la Comisión Europea presentó una propuesta para intentar regular los llamados “bonos verdes” en inversiones sostenibles, y, hace dos semanas, el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo que permitirá identificar qué inversiones están en línea con los objetivos climáticos de la Unión Europea y cuáles no. Se trataba de una medida importante para Bruselas ante el creciente mercado de los bonos verdes y el papel importante que tiene Europa a nivel global en él.
