A medida que la pandemia de coronavirus se abre camino en el Amazonas, generando temores de un genocidio de sus tribus indígenas vulnerables, el gobierno del presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, y sus partidarios están desmantelando las reglas que protegen las reservas naturales. Funcionarios clave del medio ambiente han sido despedidos, y ambientalistas y líderes indígenas temen que la pandemia se esté utilizando como una cortina de humo para un nuevo asalto a la selva tropical.
Dicen que un decreto presidencial en espera de la aprobación del Congreso y las nuevas reglas de la agencia indígena Funai legalizan efectivamente el acaparamiento de tierras en bosques protegidos y reservas indígenas.
“Los pueblos indígenas del Amazonas están solos y tenemos que luchar contra el virus, los madereros y los mineros salvajes. No sabemos cuál es peor «, dijo Alessandra Munduruku, una líder indígena del estado de Pará.
Bolsonaro, conocido por sus comentarios racistas sobre los pueblos indígenas y un argumento nacionalista a favor del desarrollo de la Amazonas, es popular entre los agricultores, mineros, madereros y acaparadores de tierras. Dijo que la reserva indígena yanomami, la más grande de Brasil, era demasiado grande y atacó a las agencias ambientales por multar a las personas por delitos ambientales.
En diciembre de 2019 emitió un decreto conocido como MP910, que permite a los agricultores ocupar hasta 2.500 hectáreas dentro de las reservas controladas por el gobierno para legalizarlo. Una ley anterior en 2017 permitió esto para tierras ocupadas hasta 2011. El decreto de Bolsonaro lo extendió hasta 2018.
Los críticos lo llamaron el «decreto de acaparamiento de tierras». Agarrar tierras en las reservas federales deforestando, quemando los árboles muertos y poniendo ganado para consolidar la posesión es una práctica común en la Amazonas.
«La medida permite la titulación de áreas públicas que fueron deforestadas ilegalmente con el objetivo de obtener la tierra», dijo Imazon, un grupo ambientalista sin fines de lucro. Los fiscales federales dijeron que facilitaría aún más el acaparamiento de tierras, en un análisis detallado.
El decreto tiene hasta el 19 de mayo para ser aprobado por el Congreso. Los legisladores del lobby agrícola están presionando para que se vote antes de eso, en medio de la pandemia, después de proponer cambios que efectivamente harán que sea aún más fácil y más barato legalizar la tierra ocupada, incluso si el propietario que busca el título ya ha recibido un título de propiedad bajo esquemas de «reforma agraria» y lo vendieron.
El 22 de abril, Funai publicó una nueva regla para permitir a los acaparadores de tierras en reservas indígenas regularizar sus tierras, siempre que la reserva no haya completado el largo proceso de demarcación. Ese proceso puede tardar décadas en completarse y requiere la aprobación presidencial, y Bolsonaro ha prometido no demarcar «un centímetro» más de tierra indígena.
La asociación de empleados de Funai dijo que la nueva regla «convierte a Funai en un notario inmobiliario para los ocupantes ilegales, los acaparadores de tierras y los desarrolladores de tierras en tierras indígenas».
El Consejo Nacional de Derechos Humanos, un organismo federal independiente, solicitó la revocación de la regla, señalando que 237 reservas indígenas aún no habían completado el proceso de demarcación y otras seis eran áreas de «uso restringido» con informes de grupos aislados que no tienen inmunidad a enfermedades comunes como la gripe, no importa Covid-19. Landgrabbers ahora podría reclamar el título en todos estos.
En un movimiento raro, 49 fiscales federales en todo Brasil pidieron que se anule la regla de Funai por su «inconstitucionalidad, no convencionalidad e ilegalidad».
Daniel Azevedo, uno de los fiscales involucrados, dijo que alentó a los acaparadores de tierras a esperar que se sigan decretos similares.
“El Amazonas funciona como un mercado de valores. Lo que dicen los que están en el poder en el país realmente influye en el comportamiento de las personas «, dijo. «Esto transmite el mensaje de que si deforestas ahora en 2020 o 2021, pronto serás dueño de esta área», agregó. «La tendencia es que el bosque estará muy devastado en los próximos años».
Los títulos defensores de los acaparadores de tierras argumentan que ayudarán a regularizar la caótica situación de propiedad de la tierra en la Amazonas. Permitir a los agricultores titular la tierra que ocuparon en el pasado les permite acceder al crédito y mejorar la productividad, reduciendo su necesidad de expandirse aún más en el bosque, argumentan los agricultores.
El senador Irajá Abreu, quien está guiando al MP910 a través del Congreso, le dijo al Congreso en el sitio Focus que el decreto de acaparamiento de tierras era una «buena ley para el 99% de las familias brasileñas, para los productores brasileños, para las personas que crean empleos».
Funai dijo que su nueva regla «corregiría las inconstitucionalidades detectadas en los estudios realizados».
Los ambientalistas desafiaron ese argumento. «El gobierno tiene un proyecto y está avanzando sobre el bosque, sobre los pueblos indígenas, para beneficiar a aquellos que quieren la tala del bosque», dijo Mariana Mota, especialista en políticas públicas de Greenpeace Brasil.
Mientras se desataba la controversia sobre las nuevas reglas, la agencia ambiental brasileña Ibama despidió a Renê de Oliveira y Hugo Loss, dos especialistas de campo de alto nivel, semanas después de que coordinaran una operación para expulsar a los invasores de las reservas indígenas en el estado de Pará por temor a que pudieran propagar Covid-19.
La operación había aparecido en el popular programa de televisión Fantástico, que también ha expuesto a los acaparadores de tierras pro-Bolsonaro con conexiones políticas. El director de protección de Ibama, Olivaldi Azevedo, ya había sido despedido.
Los ambientalistas dijeron que reducir la protección y alentar las invasiones de áreas protegidas arriesgaba más violencia contra quienes las defienden.
En marzo, un maestro indígena, Zezico Guajajara, fue asesinado en el estado de Maranhão, el quinto asesinato en el área en seis meses. En abril, Ari Uru-Eu-Wau-Wau, un maestro de la reserva Uru-Eu-Wau-Wau en el estado amazónico de Rondônia, fue asesinado. Era uno de un grupo que patrullaba la reserva de la tribu y había sido amenazado.
«Los invasores creen que pueden ingresar a la reserva indígena debido a la agenda del gobierno», dijo Ivaneide Bandeira, del grupo sin fines de lucro Kanindé, quien ha trabajado con la tribu durante décadas y conocía a Ari. «Covid es la tapadera y la excusa».
