Esta ley vigente significó una normativa de avanzada al proteger el agua con la prohibición del uso de sustancias tóxicas en la actividad minera y establecer mecanismos novedosos para la aprobación legislativa de los proyectos.
Cualquier modificación negativa significará una violación inconstitucional al principio de no regresión ambiental y al de progresividad, expresamente establecido en la Ley General de Ambiente (Ley Nacional Nº 25.675).
El agua en el mundo escasea cada vez más, en gran parte como consecuencia del Cambio Climático. La provincia de Mendoza está sufriendo además una sequía histórica, una situación crítica que se vería notablemente agravada de aprobarse proyectos que demandan millones de litros diarios de agua para su proceso.
El gobernador Rodolfo Suarez envió a la legislatura un proyecto de ley para introducir cambios en la N°7.722. Su finalidad sería promover la #minería metalífera a gran escala. Ignora así aspectos ambientales, económicos y jurídicos asociados, y desoye los reclamos de la ciudadanía de la última década.
Mendoza fue la propia provincia la que sostuvo que la alta demanda que genera la minería metalífera perjudicaría el equilibrio hídrico provincial, lo que afectaría la calidad de vida de la población y las actividades productivas asociadas.
La ley comenzó a gestarse en 2005 cuando, frente al interés de empresas mineras de explotar el #ValleDeUco, habitantes de la región empezaron organizarse en asambleas autoconvocadas en defensa del agua.
La ley existente no prohíbe la minería, solo la limita en pos del cuidado del agua. Modificarla es descuidar este recurso tan vital como escaso. Los motivos no son económicos, sociales, ambientales ni legales.
