Luego de que la Justicia Federal emitiera un fallo histórico en la materia, el gobierno de Jujuy deberá restituir un predio ancestral. Además, tendrá que reparar los daños que provocó en otro.
Ambos pertenecen a los habitantes del pueblo de Caspalá. En la causa se determinó que la Provincia avanzó en el lugar, ubicado a 3100 metros sobre el nivel del mar, sobre los derechos de una comunidad a preservar sus costumbres ancestrales.
Inédita causa: Jujuy deberá restituir un predio ancestral
La inédita medida de la Justicia Federal es el resultado de un acuerdo al que llegaron el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Fiscalía de Estado provincial. Arreglaron ponerle fin al estado de “estado de conmoción social” que comenzó el 18 de noviembre en 2022, de acuerdo a la decisión judicial.
La disputa arrancó hace dos años cuando el gobierno jujeño irrumpió en un predio que se usaba como cancha de fútbol y para encuentros sociales. Buscaban construir una escuela secundaria.
Frente a la reacción de las familias para evitarlo, que incluso habían propuesto un lugar alternativo para la construcción, hubo represión policial y detenidos.
En el pueblo viven nada más que 400 habitantes y fue reconocido en 2021 por la Organización Mundial del Turismo como uno de los “mejores destinos del mundo”. Esto debido a su tranquilidad, estilo de vida rural y comunitario.
La idea era trasladar allí el campo de juego reclamado, a modo de resarcimiento. Incluso luego se constató que el Estado provincial expropió el terreno mediante una ley aprobada en tiempo récord, cuando ya estaba planteado el conflicto con la comunidad caspaleña.
La contienda judicial
Argumentó la fiscal Orsetti que, en el segundo terreno, el agravante no fue la destrucción de un mero paisaje, sino el daño irreparable que se generó sobre estructuras de lajas subterráneas prehispánicas.
Expertos peritos las asociaron con la expansión territorial del impero Inca, entre los años 1000 a 1400. Los pobladores, en defensa de las tierras, aseguraban que sus abuelos reconocían el área como “el lugar de descanso de las almas ancestrales del pueblo”.
De acuerdo con el antropólogo Gustavo Ontiveros, en la propiedad de Cruz las máquinas “arrasaron con parte de cuatro o cinco estructuras subterráneas que podrían tratarse de tumbas o silos circulares”. Además, se destruyeron estructuras de “andenes arqueológicos antiguos, algunos prehispánicos”.
A poco de iniciarse la causa, en junio de 2023, una medida cautelar paralizó las obras. Si bien esto generó una serie de impugnaciones por parte del Estado provincial, los planteos fueron tratados y rechazados por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
El acuerdo judicial
Frente al volumen de las pruebas que comprometían al Estado jujeño, la fiscal Orsetti avanzó en la solución del conflicto a través de una salida alternativa dirigida a “restablecer la paz social“.
El objetivo principal fue la reparación integral de los pobladores afectados, prevista en el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal.
La jueza federal de Garantías N° 2 de San Salvador de Jujuy, Carina Inés Gregoraschuk, homologó el acuerdo, y lo consideró inédito por las características del objeto del proceso.
El gobierno jujeño se comprometió a restablecer las condiciones preexistentes al inicio del conflicto. Lo que aplica a la cancha de fútbol y a la finca privada dañada, en un plazo de 30 días hábiles.
Cabe aclarar que este resultado no extingue las acciones penales por los daños provocados, en contra de los funcionarios estatales involucrados en el proceso. Desde el exgobernador Gerardo Morales y funcionarios de ministerios, hasta la comisionada municipal de entonces.
