El Parlamento Británico reconoció la pasada primavera que la contaminación atmosférica en el Reino Unido es ‘una emergencia pública nacional’.
La polución provoca hasta 50 mil muertes prematuras al año y le cuesta a las arcas públicas 27.500 millones, según datos del propio Gobierno.
La capital, Londres, tras su fachada verde, es una bomba para la salud. Calles como la milla de oro comercial de Oxford Street baten records de dióxido de carbono, con una media de 135 miligramos de CO2 por metro cúbico de aire, el triple del tope de seguridad de la UE.
Este miércoles, por segunda vez en dieciocho meses, el Alto Tribunal, la segunda mayor instancia judicial británica, ha llamado al orden al Gobierno por no tomar medidas y lo insta a que actúe de inmediato. Theresa May ha respondido con una declaración voluntarista en el Parlamento, aunque sin anunciar medidas concretas: ‘Nadie en el Parlamento duda de la importancia de la calidad del aire. Tomaremos medidas. Hay que hacer más y lo haremos’.
La corte de justicia da la razón por segunda vez a una denuncia de Client Earth, un grupo de abogados ecologistas. En su fallo de abril del 2015, los jueces exigieron un plan de actuación al Gobierno antes de diciembre de ese año. Pero el Ejecutivo no hizo nada. De hecho, el tribunal lo acusa de infravalorar lo que contaminan los vehículos diésel, que es más de lo que se suponía, en parte por el trucaje de los filtros de algunos fabricantes como Volkswagen. La nueva admonición ha sido tomada por unanimidad de los jueces de la corte y el fallo no será recurrido por el Gobierno, que asume su inoperancia.
