El gran potencial de recurso que presenta nuestro país nos permite pensar en la implementación de un marco regulatorio de alcance nacional que autorice a los usuarios residenciales, comerciales e industriales, en abastecerse con energía limpia con la posibilidad de inyectar a la red.
Este es el modelo más virtuoso para el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable generando cerca del consumo, de manera descentralizada y reduciendo las perdidas por transporte y distribución.
Según un informe de la Cámara Argentina de Energías Renovables será necesario instalar 1.500 MW de potencia por año para recuperar la reserva técnica de generación eléctrica y cubrir las perspectivas de aumento de la demanda.
El Programa ‘RenovAr’ que lanzó el Gobierno Nacional a través de la Subsecretaría de Energías Renovables que conduce Sebastián Kind, es un paso en la dirección correcta, ya que, de concluir exitoso, permitirá la instalación de 1.000 MW hacia el año 2017, lo que significaría 1.500 millones de dólares de inversión.
Si bien es valorable esta iniciativa, además de avanzar en la construcción de grandes centrales eólicas, de energía solar, biomasa o mini-hidroeléctricas, es imprescindible trabajar en una nueva Ley de Generación Distribuida que permita a los consumidores particulares adquirir equipos para inyectar energía renovable a la red en los momentos que la generación supera a la demanda, facilitando el proceso con tarifas promocionales y créditos de los organismos financieros.
Varias provincias iniciaron este camino (Santa Fe, Salta, Mendoza e inminentemente Neuquén) y otras están estudiando el tema con interés de conseguirlo en 2016, pero un marco regulatorio nacional es la vía más veloz y adecuada que permitirá un virtuoso desarrollo del mercado. Así lo revelan las experiencias de otros países.
Con una nueva normativa, el sector eléctrico y la propia macroeconomía gozarían de importantes beneficios: la creación de miles puestos de trabajo y el desarrollo de una industria local, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, ahorro de divisas por la no importación de combustibles fósiles, disminución de la presión sobre las redes eléctricas. Y desde el punto de vista social, sin dudas aumentaría la conciencia sobre la importancia del cambio climático.
En lo que respecta al nivel de empleo en el sector, según un análisis de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) a nivel mundial aumentaría de 9,2 millones de puestos de trabajo actuales a 24 millones en el 2030.
