Líder en energías renovables, Uruguay apuesta al hidrógeno verde

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La última conferencia internacional de energías renovables, llevada a cabo en Madrid a finales de febrero, tuvo entre sus invitados especiales a Uruguay, el segundo país del mundo con mayor participación de energías renovables variables (como solar y eólica) en la generación de electricidad, según el informe REN21. “Europa está muy perdida con el tema energético y ven al caso uruguayo como un modelo muy fuerte a seguir”, dice a América Futura el físico Ramón Méndez, director nacional de energía de Uruguay entre 2008 y 2015, tras haber expuesto en Madrid las singularidades del proceso que logró descarbonizar la matriz eléctrica uruguaya por encima del 95% en menos de diez años.

Méndez recuerda que, sin recursos como gas, petróleo o carbón, Uruguay vivía en 2008 una “tormenta perfecta”, provocada por los altos precios del combustible, el aumento de la demanda eléctrica y la limitada infraestructura local que derivaron en una crisis de abastecimiento energético. “El hecho de no tener recursos nos ayudó a buscar caminos diferentes”, explica.

Un acuerdo multipartidario alcanzado en 2010 adoptó como política de Estado la transición energética hacia las fuentes autóctonas y renovables, garantizando su ejecución y continuidad. Desde entonces, el país ha experimentado una transformación radical en la generación de electricidad, al reemplazar el uso de combustibles fósiles importados por una combinación de agua, sol y viento. Este último, sobre todo, cobró especial protagonismo: se instalaron 700 aerogeneradores, distribuidos en 41 parques eólicos, públicos y privados, con una capacidad total de generación de 1.500 megavatios que cubren más del 30% de la demanda eléctrica local.

“A nivel mundial, Uruguay está en segundo lugar después de Dinamarca en penetración de energía solar y eólica”, dice a América Futura Marcelo Mula, presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. En un año de lluvias normales, el 97% de la demanda eléctrica nacional es cubierta por energías renovables, mediante una combinación de eólica (32%), combustión de biomasa (17%), solar (3%), además de la tradicional y veterana hidroeléctrica (45%), según explica. El porcentaje restante corresponde a la electricidad generada por las centrales térmicas con combustibles fósiles, cuyo uso se incrementa cuando el clima afecta el funcionamiento de las otras fuentes limpias, como ha ocurrido debido a la “excepcional” sequía que azota al país desde 2020.

Según la Agencia Internacional de la Energía, a escala global estos números son significativamente distintos: sólo el 24% de la electricidad consumida mundialmente se produce con fuentes renovables, mientras que más del 75% de la electricidad sigue dependiendo del carbón y otros combustibles fósiles.

El modelo uruguayo: una asociación público-privada

Méndez asegura que la rápida transformación de la matriz eléctrica uruguaya fue posible gracias al “rol fundamental” que jugó el Estado en el diseño y la dirección del proceso. En ese sentido, se estableció la asociación público-privada mediante contratos de compraventa de energía por un plazo de 20 años. Así, las empresas privadas que producen energía eléctrica están obligadas a vendérsela solamente a la eléctrica estatal UTE, que genera, transmite y distribuye la electricidad en Uruguay. Por su parte, la empresa pública se comprometió a comprar toda la energía eléctrica producida en el país, que destina al uso doméstico o a la exportación.

Según el exdirector de energía, con este modelo, el país pasó de un costo medio de generación de 1.100 millones de dólares anuales a 600 millones. “Estamos gastando 500 millones de dólares menos que antes”, remarca Méndez. Durante este proceso, agrega, se volcaron 2.000 millones de dólares a la economía, se crearon 50.000 puestos de trabajo y se llegó al 99,9% de la electrificación en el territorio. Uruguay, por ejemplo, fue el primer país en Iberoamérica con el 100% de las escuelas rurales con acceso a la red eléctrica.

Entre las obras concretadas durante la transición energética, Mula destaca la construcción de una planta de conversión energética en Melo (este del país), que permitió robustecer la interconexión con Brasil. “Desde 2018, Uruguay es un exportador neto de energía y (la eléctrica estatal) UTE es una de sus principales empresas exportadoras, superando a las ganaderas”, sostiene.

Sin embargo, matiza: “Desde ese año hasta ahora no se ha instalado más potencia renovable y eso es un gran problema, porque la economía ha crecido y la demanda de energía también”. “Tenemos que volver a incorporar energía renovable”, remarca.

La segunda transición: la apuesta por el hidrógeno verde

En Uruguay, hay consenso en que el giro dado en el sector eléctrico ha contribuido significativamente a descarbonizar la economía, pero aún quedan muchas actividades que se alimentan de combustibles fósiles contaminantes. Raúl Viñas, del Movimiento por un Uruguay Sustentable, recuerda que el 40% de toda la energía que consume el país proviene del petróleo. Y explica que la mitad de las emisiones de CO2 tienen su origen en la quema de gasoil, utilizado en la industria y en la movilidad, como camiones de carga y autobuses. “La transición energética tiene un debe muy importante en el sistema de transporte”, dice Viñas.

Precisamente, hacia ese sector altamente contaminante apunta la segunda transformación energética que promueve el actual Gobierno, cuya hoja de ruta hacia 2040 propone la producción local de hidrógeno verde, un vector energético generado a partir de la electrólisis del agua mediante fuentes renovables, que se presenta como una alternativa no contaminante al uso de combustibles fósiles.

“Uruguay está convencido de que tiene condiciones para formar parte de la economía del hidrógeno, con el objetivo de descarbonizar la producción de aquí a 2050″, señala a América Futura el ministro de Industria, Omar Paganini. Actualmente, indica, el Gobierno uruguayo está evaluando una serie de propuestas para desarrollar proyectos piloto de pequeña escala, orientados a las aplicaciones de hidrógeno verde y derivados, dirigidas al mercado interno, como el transporte de carga.

En paralelo, continúa Paganini, hay interés de inversores internacionales en llevar a cabo proyectos de mayor escala para la exportación, focalizados en la producción de combustibles alternativos derivados del hidrógeno, como el metanol verde o el combustible de aviación sustentable. “El Gobierno está buscando inversiones privadas que asuman estos riesgos”, agrega.

Según la hoja de ruta, algunos de esos riesgos están asociados a los elevados costos de la tecnología para la producción de hidrógeno verde y a la todavía lenta adopción de este producto por parte de industrias y países. Asimismo, se mencionan barreras sociales, como la baja aceptación de las infraestructuras logísticas en algunas zonas de Uruguay.

“En la hoja de ruta se habla de la disponibilidad de agua subterránea, cuando no tenemos medida la cantidad de agua que podemos sacar”, dice Viñas. El ambientalista comparte esta preocupación con los pobladores de Tambores, un pequeño pueblo de Tacuarembó (centro-norte del país) donde proyecta instalarse la empresa alemana Enertra para producir hidrógeno verde y sus derivados. De concretarse, el proyecto incluirá la instalación de plantas eólicas y fotovoltaicas, así como un electrolizador in situ, para producir 15.000 toneladas de hidrógeno verde al año. Hay dudas, insiste Viñas, acerca del volumen de agua potable que requerirá el proceso de electrólisis, necesario para generar el producto.

El ministro Paganini considera que hay que “desmitificar” el uso del agua en estos proyectos, porque son las cantidades -cinco litros por segundo- que consume cualquier industria nacional tradicional. “No es un consumo disparatado que pueda distorsionar nuestra base acuífera”, concluye.

No obstante, el debate sobre el empleo del agua para la producción de hidrógeno verde no está zanjado, no solo aquí en Uruguay. Para los vecinos de Tambores, la cuestión va incluso más allá: plantean que con este tipo de iniciativas el país profundiza un modelo “puramente extractivista”, que obtiene recursos naturales de esta zona para transformarlos y exportarlos, sin que esto impacte positivamente en el desarrollo sustentable local.

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