En línea con la idea de reducir el consumo energético en industrias y hogares, el Gobierno dispuso una nueva medida para asumir una acción «ejemplificadora». A través de la Resolución 148/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se hizo uso de dos decretos anteriores en donde se declaró la emergencia económica y de interés el uso racional y eficiencia energética, y se pidió reducir el consumo de luz en todos los edificios que dependen de la Administración Pública Nacional.
Tal como describe el documento, el 21 de diciembre de 2007 se declaró de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía y se aprobaron los lineamientos del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE), destinado a contribuir y mejorar la eficiencia energética de los distintos sectores y en edificios públicos de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional.
Esta regulación establece un programa de mejora de la eficiencia energética de los sistemas de iluminación de los edificios de la Administración Pública Nacional, busca capacitar al personal en buenas prácticas de uso eficiente de la energía y se solicita confeccionar un inventario detallado y actualizado de todas las instalaciones de energía eléctrica, gas, equipos de acondicionamiento de aire, sanitarios y agua potable de todos los edificios públicos.
«Resulta necesario y conveniente que el sector público asuma una función ejemplificadora ante el resto de la sociedad, implementando medidas orientadas a optimizar el desempeño energético de sus instalaciones. La eficiencia energética en edificios públicos permitirá el mantenimiento de los servicios energéticos a un menor costo, protegiendo el medio ambiente y fomentando la sostenibilidad», afirma el documento.
Eficiencia energética: el pedido a las empresas
Para efectivizar esta medida, el secretario de Energía, Eduardo Chirillo pidió a las empresas y cooperativas distribuidoras del Servicio de Energía Eléctrica que cuenten con medidor de energía eléctrica y una tarifa que incluya el pago del cargo por potencia, que deberán modificar la potencia eléctrica contratada por los Organismos Públicos para reducirla a la máxima potencia demandada en el mes inmediato anterior a que entre en vigencia la presente medida, con el objetivo de cumplir con criterios de ahorro económico y eficiencia energética.
Y que, en los casos donde hubiera variación de potencia eléctrica estacional, la potencia eléctrica deberá adecuarse al período de alta demanda y, posteriormente reducirse.
Por último, se establecen en el mismo decreto una serie de requisitos que deberán cumplir los responsables de los organismos públicos en relación a brindar información para el pleno cumplimiento del PROUREE.
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