Un informe del Centro Africano para la Biodiversidad revela que en Sudáfrica aún se permite el uso de 192 pesticidas altamente tóxicos, de los cuales 57 están prohibidos en la Unión Europea (UE).
Estos químicos incluyen sustancias neurotóxicas, cancerígenas y otras consideradas tóxicas agudas para el medio ambiente. Este problema no solo amenaza los ecosistemas, sino que también expone a trabajadores agrícolas y sus familias a riesgos severos, perpetuando profundas desigualdades económicas y sociales en el país.
Impacto en trabajadores y comunidades vulnerables
Los más afectados son los trabajadores agrícolas, quienes a menudo viven cerca de las zonas de fumigación.
Estas personas enfrentan condiciones laborales precarias: contratos inestables, bajos salarios, exceso de trabajo y poca protección frente a los riesgos químicos.
Según el proyecto Women on Farms (WFP), las mujeres son especialmente vulnerables debido a factores biológicos y sociales que las colocan en una posición de mayor exposición.
Durante una audiencia reciente, numerosas trabajadoras declararon que no reciben equipo de protección personal, viéndose obligadas a usar pañuelos para cubrirse la cara mientras trabajan. Otras mencionaron la falta de acceso a necesidades básicas como agua corriente y aseos en los campos agrícolas, lo que agrava las desigualdades.
Estas condiciones reflejan una realidad sistemáticamente desigual, heredada del pasado de apartheid, donde los terratenientes boers aún dominan muchas explotaciones agrícolas.
Controversias en la regulación y el comercio internacional
La discusión sobre los pesticidas peligrosos tiene también una dimensión internacional. En la UE, se debate restringir las importaciones de alimentos de terceros países que contengan residuos de pesticidas prohibidos en Europa. Sin embargo, Sudáfrica y otras naciones exportadoras enfrentan obstáculos para alinear sus normas con estas restricciones, dada la complejidad de sus realidades agrícolas.
El grupo de presión agroindustrial CropLife sostiene que ciertos pesticidas son necesarios en contextos agrícolas específicos, como los que enfrentan cultivos y climas sudafricanos.
Además, Sudáfrica está trabajando hacia una eliminación progresiva de los pesticidas altamente tóxicos, pero los críticos señalan que la regulación a menudo no se cumple efectivamente.
En muchos casos, los trabajadores agrícolas no están conscientes de sus derechos o dudan en defenderlos por temor a represalias. Esto pone en evidencia la falta de protección y educación sobre los riesgos asociados con estos productos químicos.
Convenio de Rotterdam y la necesidad de reformas
A nivel internacional, el Convenio de Rotterdam busca promover decisiones informadas entre los países que comercian con químicos peligrosos. No obstante, los expertos argumentan que el cumplimiento de estos tratados suele ser insuficiente, especialmente en regiones como Sudáfrica, donde los intereses económicos de grandes agroindustrias a menudo superan las preocupaciones medioambientales y de salud pública.
En este contexto, garantizar un uso responsable de pesticidas y proteger a las comunidades agrícolas exige no solo cumplir con normativas internacionales, sino también priorizar la educación y el empoderamiento de los trabajadores. Sin estas medidas, las desigualdades y los riesgos seguirán siendo una realidad persistente en las zonas rurales de Sudáfrica.
Foto de portada: Natasha Foote
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