La discusión de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales surgió hace varios meses, a través del grupo ecologista “El paraná no se toca”, que incluye a organizaciones del litoral: Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Se trató de una propuesta surgida de organizaciones de base, llevada luego para su discusión a la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).
Una vez terminado, el proyecto fue presentado ante el senador Rubén Giustiniani, presidente de la Comisión de Medioambiente del Senado, quien además, según Spataro “tomó el compromiso de que iban a respetar nuestros aportes de manera sustancial”. El proyecto fue luego revisado por técnicos especialistas en el tema y otras organizaciones, antes de ser redactado en su versión final.
El proyecto de Ley, surgido de las organizaciones pero presentado en el senado finalmente por Giustiniani, plantea restricciones de uso de los humedales naturales, ordenamiento territorial, presupuesto que la nación tendría que dar a las provincias para garantizar la protección, como ocurre con la Ley de bosques.
Esto implica una transferencia de recursos a las provincias, la realización de un inventario nacional que establezca cuáles y dónde están los humedales argentinos, y un ordenamiento territorial, para que en aquellos humedales que requieran protección se restrinjan ciertas prácticas, vinculadas al avance de los agronegocios: arroceras, terraplenes y forestación, entre otros. A la vez el proyecto reivindica el uso tradicional que hacen las comunidades que habitan en esos espacios, puestas en el centro de la escena.
“Es un proyecto que tuvo mucha validación de las organizaciones, porque estuvo en distintas instancias de reuniones y debates de la UAC. La búsqueda era generar un proyecto de ley para la protección de humedales desde la visión local, pensando en qué necesitan nuestros territorios como herramientas jurídicas para distintas situaciones que se dan”, explicó Emilio Spataro, de Guardianes del Iberá.
Existe además un segundo proyecto sobre humedales, presentado por la senadora entrerriana Ruiz Díaz, que incorpora la definición de humedales de la convención Ramsar, de la que Argentina es signataria. Incluye además en su redacción a los humedales de origen artificial.
Y agregó: “Queremos un proyecto que pueda reglamentarse, con herramientas concretas. Para quienes estamos en territorio esta no es una discusión abstracta. La no protección implica impactos directos en la vida de la gente que vive en los humedales. Planteamos que a veces la discusión en Buenos Aires se vuelve algo abstracta por no tener vínculo con el lugar, y por eso aportamos nuestra visión”.
Momarandu
