Que oficialmente se reconozca que la degradación ambiental en Colombia deja cada año más de 13 mil muertes y pérdidas de 20,7 billones de pesos para el sistema de salud debe tomarse como un imperioso llamado para que estas cifras conduzcan a una intervención general en este campo.
Al menos, es lo que se puede inferir del informe presentado por el Departamento Nacional de Planeación que cuantificó, por primera vez en términos económicos, el impacto de la contaminación en 2,6 por ciento del PIB, algo equiparable con una reforma tributaria o la mitad de lo que se desliza por el desagüe de la corrupción.
Vale la pena saber que el mayor impacto es consecuencia de la mala calidad del aire urbano que se lleva el 75 por ciento de estos gastos, que, de paso, se asocia con 10.527 muertes y cerca de 67,8 millones de consultas médicas. Consecuencias suficientemente refrendadas con las recientes emergencias de este tipo como la vivida en Medellín.
Aunque, valga decir, este fenómeno es el más publicitado, el DNP pone sobre el tapete otros dos factores: la mala calidad del aire dentro de las viviendas y la carencia de higiene y saneamiento básico en las comunidades.
