Este lunes se dio inicio en Puerto Madryn al juicio oral por presunto daño ambiental contra Nadine Parry, gerenta de planta, y Brahim Yoosef Vargas, responsable del tratamiento de efluentes de la empresa Conarpesa Continental Armadores de Pesca SA.
Ambos están acusados de haber permitido el vertido de líquidos sin tratar al mar, generando contaminación en el Golfo Nuevo.
Un proceso judicial que podría marcar precedente
El juicio, presidido por la jueza Patricia Reyes, cuenta con la acusación del fiscal jefe Alex Williams y la fiscal Florencia Bianchi, de la Agencia de Delitos Ambientales.
Las audiencias comenzaron a las 8:40 y contemplan la declaración de testigos, peritos ambientales y técnicos, además de la presentación de pruebas para determinar si el daño causado es irreversible.
Antecedentes del caso: procesamiento y hallazgos técnicos
En abril de 2023, la jueza Marcela Pérez Bogado procesó a Parry, Yoosef y a la empresa como persona jurídica, tras el pedido del fiscal Williams.
La investigación se inició en 2020, luego de la difusión de un video que mostraba un líquido rosado con olor penetrante desembocando en el mar desde el Parque Industrial Pesquero.
Una inspección ocular realizada por la Policía Científica, la Secretaría de Ecología y Ambiente y el CENPAT – CONICET confirmó la existencia de un “by‑pass” no declarado, que conectaba las instalaciones de Conarpesa con el caño troncal autorizado, permitiendo el volcado directo de líquidos sin tratamiento.
Contaminación certificada: niveles bacteriológicos alarmantes
Según datos publicados en marzo de 2023, los análisis realizados por el CENPAT revelaron niveles de contaminación bacteriana 2.300 veces superiores a lo permitido, y 2.700 veces en el caso de Escherichia coli. Estos valores confirman la gravedad del impacto ambiental en el Golfo Nuevo.
La fiscalía sostiene que la gerencia de planta y un jefa de área decidieron implementar un sistema de descarga de efluentes crudos, lo que motivó su procesamiento. En cambio, el empresario español titular de Conarpesa no fue imputado. No se pudo demostrar que estuviera al tanto del funcionamiento del sistema ilegal.
Un caño oculto y una conducta sistemática
Durante un allanamiento con maquinaria retroexcavadora, se descubrió una cámara de inspección que conectaba el predio de Conarpesa con el sistema autorizado.
Desde allí se observó el flujo de un líquido naranja-rosado, que se mezclaba con el caño legal y se vertía al mar sin tratamiento previo.
La Fiscalía concluyó que la empresa habría implementado un sistema clandestino de volcado, utilizando cañerías no declaradas para derivar residuos directamente al océano.
