En el corazón de la Amazonía colombiana, un sendero clandestino se ha convertido en un epicentro de conflicto armado. Desde el 26 de mayo, las áreas rurales de San José del Guaviare han sufrido una intensa confrontación entre grupos disidentes, resultando en la recuperación de 48 cuerpos, según informó la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Muerte y desplazamiento en la Amazonía: Impacto en pueblos indígenas
Las comunidades indígenas Jiw y Nukak enfrentan un panorama desolador de miedo y desplazamiento. Estos grupos armados luchan por el control de rutas estratégicas para el tráfico de cocaína y armas entre la densa selva. Hasta ahora, diez familias Jiw han huido al área urbana de San José del Guaviare, tras cruzar el río Guaviare desde Mapiripán en Meta.
El conflicto involucra a facciones disidentes de las antiguas FARC, conocidas como “Iván Mordisco” y “Calarcá Córdoba”. Según la Defensoría, los enfrentamientos se han concentrado en zonas rurales como La Siberia, Caño Cumare y Pipiral.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, explicó que estas facciones están en disputa por el poder sobre este territorio, vital para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. El control de estas áreas permite un acceso estratégico al norte de Guaviare, el sur de Meta y hacia la frontera con Venezuela.
La trocha Tomachipán-Cumare, un camino ilegal de 47,5 kilómetros, constituye el epicentro de esta lucha. Este corredor, que atraviesa el Resguardo Nukak y llega al Resguardo Barranco Colorado, es utilizado para el contrabando de cocaína y armas, según un informe de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.
Los datos satelitales señalan el crecimiento alarmante de cultivos de coca cerca de esta vía, con un incremento del 58 % en la superficie cultivada desde 2019. Este fenómeno no solo incrementa la violencia sino también la deforestación y la presión sobre el bosque amazónico.
Para las comunidades indígenas, la guerra es una realidad cotidiana. Los disparos, la falta de comunicación y el temor generalizado son parte de su día a día. “La gente está en alerta máxima, nadie se mueve”, relató un campesino de Charras a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.
El 27 de mayo, diez familias Jiw llegaron al polideportivo de San José del Guaviare, desplazadas por la violencia. Mientras tanto, las dificultades de comunicación y el bloqueo del territorio mantienen a otras comunidades en un aislamiento peligroso.
La Defensoría del Pueblo había advertido sobre el resurgimiento de conflictos en su Alerta Temprana 001 de 2025, señalando el impacto devastador sobre las comunidades indígenas, campesinas y rurales. La Corte Constitucional de Colombia ya había identificado en 2009 a los Nukak y Jiw en riesgo de desaparición cultural por el conflicto armado.
El daño ambiental es una consecuencia ineludible de esta guerra. La llamada Trocha Ganadera erosiona la selva, afectando áreas protegidas como el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena. La expansión de la deforestación y la llegada de cultivos ilícitos agravan la fragmentación del ecosistema.
La Defensoría ha instado a los grupos armados a evitar dañar a la población civil y ha solicitado medidas urgentes de protección y atención humanitaria. Además, ha llamado a detener el reclutamiento forzado, que ha cobrado la vida de 11 menores de edad en el departamento del Cauca.
Es crucial establecer corredores humanitarios, asegurar el apoyo a las familias desplazadas y restaurar la comunicación con las comunidades indígenas. En esta lucha por el control territorial, los Jiw, los Nukak y la Amazonía misma son los que verdaderamente sufren.
