En el Chaco Salteño, integrantes de la Comunidad La Mora, encabezados por el cacique Camilo Montoya, decidieron cercar 160 hectáreas dentro del Lote Fiscal 26 para proteger los últimos ejemplares de palo santo.
La medida, pensada como un acto de defensa ambiental y cultural, terminó judicializada y abrió tensiones tanto con familias criollas como dentro de las propias comunidades wichí.
El contexto del conflicto
El área en disputa se encuentra en jurisdicción del pueblo de La Unión, Rivadavia Banda Sur, y ha sido depredada de manera constante. Según el referente wichí Marcelo Acosta, la tala ilegal se realiza con guías falsas que permiten el transporte de madera hacia fincas e invernaderos de Salta y Jujuy.
El palo santo, especie de gran valor por su madera resistente, necesita entre 5 y 7 años para crecer. En la zona apenas quedan brotes jóvenes, que son talados antes de alcanzar madurez, lo que agrava la degradación del monte nativo.
Voces desde la comunidad
En videos difundidos por referentes locales, el subcacique Eduardo Gómez denunció que familias criollas, como los Meriles y Novillo, alambran y extraen madera de zonas de uso común. “Necesitamos una reserva para nosotros, para el futuro, para nuestros hijos”, expresó.
Sin embargo, la decisión de Montoya también generó polémica dentro de la comunidad:
- Algunos cuestionan que se quiera alambrar, cuando históricamente las comunidades han luchado contra los cercos.
- Señalan que la medida fue tomada sin consulta a la comisión directiva ni a las otras siete comunidades del Lote Fiscal 26.
- El alambrado bloquearía caminos y podría afectar la movilidad interna.
Intervención judicial
La fiscal penal de Pichanal, Liliana Tasca, notificó a Montoya para que cese las actividades de cercado en el Paraje Pozo Hondo, prohibiéndole modificar el estado actual del terreno.
El abogado Juan Carlos Vera presentó un amparo ambiental, solicitando:
- El cese inmediato de la tala y explotación en el área.
- El reconocimiento del derecho de la comunidad a cerrar las 160 hectáreas como reserva cultural y ambiental.
- Garantías de seguridad para los habitantes, que denunciaron amenazas.
Vera argumentó que el cercado no es una “turbación”, como lo calificó la Fiscalía, sino un acto de legítima defensa frente a la tala ilegal.
Una problemática estructural
Más allá de las diferencias internas, existe consenso en que el monte nativo está en proceso de degradación acelerada. La extracción indiscriminada de palo santo, incluso de ejemplares jóvenes, amenaza la regeneración del bosque y la continuidad de prácticas culturales vinculadas a esta especie.
El conflicto refleja la tensión histórica entre comunidades indígenas y criollas por el uso de los recursos naturales, y la falta de controles efectivos durante el proceso de extracción de madera.
El caso de La Mora expone la complejidad de la defensa ambiental en territorios indígenas: entre la necesidad de proteger especies en riesgo y las disputas internas sobre las formas de hacerlo. La judicialización del cercado muestra cómo la ausencia de políticas claras de conservación y control estatal deja a las comunidades en una situación de vulnerabilidad frente a la depredación del monte.
