El próximo 3 de julio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitirá su Opinión Consultiva sobre las obligaciones estatales ante la emergencia climática. Este anuncio ha generado gran expectativa entre ambientalistas ya que podría constituir un paso histórico hacia la justicia climática en el continente.
El tribunal, con sede en Costa Rica, dará su pronunciamiento para resolver la solicitud conjunta que Chile y Colombia presentaron en 2023. En ese documento se pidió a la Corte aclarar cómo los Estados americanos deben garantizar los derechos humanos en el contexto de la crisis climática.
Responsabilidades de los Estados ante la emergencia climática
La decisión de la Corte se dará luego de tres audiencias públicas, realizadas en Barbados, Brasilia y Manaos entre abril y mayo de 2024. En estos encuentros participaron líderes indígenas y representantes de la sociedad civil, quienes dieron testimonios sobre los impactos del cambio climático y la inacción gubernamental en sus territorios.
«Esperamos que la Corte reafirme que la crisis climática es de hecho una crisis, que afecta a toda la gama de derechos humanos y dé lugar a obligaciones concretas de los Estados”, dijo Nikki Reisch, del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), durante una conferencia virtual realizada el último miércoles por varias ONGs.
Durante el proceso, más de 200 organizaciones de toda la región aportaron con observaciones para viabilizar el dictamen. Algunas de las instituciones argentinas que hicieron llegar sus recomendaciones fueron el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
También enviaron observaciones las comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatoc.
La discusión de la solicitud puso sobre la mesa las responsabilidades estatales en cuanto a la adaptación y mitigación climática. También se propuso revisar el rol estatal en la protección de las personas defensoras ambientales y la promoción de la equidad.
Michelle Jonker-Argueta, de Greenpeace Internacional, dijo que el dictamen de la Corte obligaría a los países americanos a hacer reformas legales que aumentarían las exigencias y controles sobre las empresas.
«Esperamos que la Corte aporte el reconocimiento de obligaciones concretas y específicas de los Estados y las empresas en relación con una crisis climática», indicó.
Herramienta jurídica en litigios climáticos
Por su parte, Marcella Ribeiro, de AIDA, remarcó que el pronunciamiento de la CIDH marcará un precedente que influirá en futuros litigios climáticos.
«Esta opinión podría marcar un antes y un después en las próximas negociaciones climáticas que se harán en Brasil en noviembre en la COP30”, comentó.
Las indicaciones que la Corte establezca en su Opinión Consultiva fortalecerán los argumentos usados por diversos actores (organizaciones ambientales, comunidades indígenas, entre otros) que inicien litigios climáticos ante tribunales nacionales o internacionales.
La Opinión Consultiva se dará a conocer el 3 de julio en un acto presidido por la Presidenta de la Corte, Jueza Nancy Hernández López. Se realizará en la sede del Tribunal (San José de Costa Rica) y también será transmitida a través de las redes sociales institucionales.
