El paso del Jefe Gabinete Santiago Cafiero por el Senado de la Nación dejó muchos datos sobre provincias como Salta. Uno de esos aspectos fue que de los 6,5 millones de hectáreas desmontadas en los últimos 20 años, 2,8 millones desaparecieron entre 2008 y 2018 (cuando ya regía la llamada Ley de Protección de Bosques); de ese total, el 87% ocurrió en el Parque Chaqueño, que incluye a esa provincia.
“Salta representó el 21% del total de hectáreas desmontadas entre 2007 y 2018. La provincia fue la segunda que más bosque nativo deforestó, detrás de Santiago del Estero, en donde desapareció el 28%, mientras que en Chaco fue el 14% y en Formosa el 13%”, dice el informe.
Aunque la Ley de Bosques indica que en zonas rojas y amarillas (o categorías I y II) no se debe desmontar, Salta (y ahora también Chaco) recurrieron a las «recategorizaciones”. Las mismas permitieron el desmonte de 88.990 hectáreas asignadas originalmente al color rojo y 33.675 hectáreas al amarillo. Según el informe del Ministerio de Ambiente de la Nación, 4,5 millones de hectáreas se incorporaron – entre el 2010 y 2017 – a la actividad agropecuaria, lo cual implica una tasa de crecimiento agropecuario de 640.000 hectáreas anuales. Pero en esos 7 años se abandonaron 2,8 millones de hectáreas para uso agropecuario.
“Este indicador brinda una dimensión de la superficie de desmontes donde no se puede sostener una actividad agrícola en el tiempo”, asegura el informe, y estima que ese período se perdieron 400 mil hectáreas de uso agropecuario por año. Esto es una señal “de la aplicación de prácticas agropecuarias no sostenibles, que por avanzar en áreas con limitantes naturales para ese uso (con mayores riesgos ante contexto de cambio climático), no logran sostener el uso agropecuario, teniendo que abandonar tierras y buscar nuevas”, completa el documento.
El informe de la cartera ambiental nacional también hace referencia al problema del agua: “Se calcula que un bosque puede contener más de 60 millones de litros de agua por hectárea. Por el contrario, si se reemplaza un bosque del Chaco seco por un cultivo de soja, la cantidad de agua retenida en la biomasa vegetal viva es de unos 3 millones de litros de agua por hectárea”.
Todo esto acarrea un gran problema social: conflictos por la falta de regularización de la tierra, ya sea de comunidades indígenas o criollas, con los llamados “titulares registrales”. El informe explica que esta expansión de la frontera agropecuaria reproduce el fenómeno porque la tierra que antes se usaba como “respaldo financiero”, pasó a ser objeto de “inversión productiva”: empresas que compran tierras con bosques, la desmontan, la habilitan para agricultura o ganadería y luego las venden a precios sustancialmente mayores. El documento pone un ejemplo concreto: “en Santiago del Estero, una hectárea ocupada por bosque puede costar aproximadamente 800 dólares, mientras que su precio sin bosque alcanza 3.200 dólares, siendo el costo de desmonte de 1.200 dólares”.
“Gran parte de estas tierras se encuentran bajo tenencia precaria, ya sea bajo posesión veinteañal por parte de comunidades criollas o por ser parte de territorios indígenas. Si bien en algunas provincias existen instituciones específicas que disponen de registros de las ocupaciones de tierras y de la identidad de sus ocupantes, en otras jurisdicciones las ocupaciones –tanto de criollos como de pueblos indígenas– no han sido documentadas”, afirma el documento.
Esto desencadenó “fuertes conflictos entre los ocupantes y quienes disponen de los títulos de propiedad. Los conflictos por la tierra se profundizan ya que los procesos de regularización de los títulos son trámites complejos y no contemplan las condiciones de aislamiento y pobreza que caracteriza a las familias que habitan en esas tierras con bosques”.
