La reciente admisión del Estado argentino sobre la ausencia total de registros ambientales vinculados al dragado del Paraná expone un vacío institucional alarmante. Durante más de dos décadas, no se realizaron estudios de impacto ni procesos de consulta ciudadana sobre una de las obras de infraestructura más relevantes del país.
La Subsecretaría de Ambiente, antes Ministerio, reconoció ante la Justicia que no cuenta con antecedentes técnicos sobre el ensanchamiento ni sobre las modificaciones de traza en el río. Esta revelación surgió en el marco de una causa ambiental impulsada por organizaciones ciudadanas que buscan frenar el avance de un modelo extractivo sin controles.
El hecho de que no existan evaluaciones técnicas ni intervenciones estatales significa que el Paraná estuvo sometido a una explotación intensiva sin garantías de protección ambiental. Se trata de un río clave para la biodiversidad, la provisión de agua y la actividad económica de miles de comunidades ribereñas.
La situación es aún más grave si se considera que todo ocurrió en un escenario marcado por crisis hídricas y bajantes históricas. Las obras de dragado y redragado avanzaron sin análisis actualizado de sus impactos ecológicos y sociales, ni instancias de debate público.
Dragado del Paraná sin estudios, un riesgo colectivo
El caso emblemático es el del paso “Las Hermanas”, frente a Ramallo, donde las intervenciones se realizaron sin ningún tipo de monitoreo ambiental. Esto dejó expuestos humedales, especies migratorias y actividades productivas que dependen del equilibrio del río.
Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas también advirtió irregularidades en la licitación prevista para 2025, lo que obligó a posponer el proceso. Ese documento fue clave para que la Cámara Federal exigiera la entrega de información ambiental hasta ahora inexistente.
El problema no se limita a la falta de estudios. En paralelo, el desmantelamiento del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable eliminó uno de los pocos mecanismos de fiscalización independientes. Esa decisión dejó al Paraná sin monitoreo efectivo y sin garantías mínimas de cumplimiento de la legislación vigente.
La ausencia del Estado en la regulación de la hidrovía no solo compromete la biodiversidad del río, sino que también vulnera derechos humanos básicos, como el acceso al agua segura y la participación ciudadana en decisiones que afectan bienes comunes.
Hidrovía del Paraná: impactos y desafíos
La hidrovía del Paraná constituye el corredor fluvial más importante de Sudamérica. Por allí circula gran parte de las exportaciones de granos, minerales y combustibles, lo que la convierte en un eje estratégico para la economía nacional. Sin embargo, la presión sobre el ecosistema alcanzó niveles críticos.
El dragado constante modifica la profundidad y el curso del río, alterando los ciclos naturales de sedimentos. Esto impacta directamente sobre los humedales, fundamentales para la regulación climática y para la absorción de excesos de agua en períodos de crecidas.
Otro problema es la pérdida de hábitats para peces y aves migratorias, que dependen del río y sus márgenes para alimentarse y reproducirse. La reducción de estas poblaciones amenaza tanto la biodiversidad regional como la seguridad alimentaria de comunidades que dependen de la pesca artesanal.
Otros factores que se deben tener en cuenta
A ello se suma la erosión de las costas y el avance de especies invasoras, favorecidas por los cambios artificiales en el flujo de agua. El visón americano y el caracol dorado son ejemplos de cómo la alteración de los equilibrios naturales facilita la proliferación de especies que desplazan a las nativas.
La hidrovía también plantea un dilema social y económico: si bien impulsa el comercio exterior, sus costos ambientales recaen sobre poblaciones locales que ven reducida la calidad de su agua, su seguridad frente a inundaciones y sus posibilidades productivas sostenibles.
