La localidad de Río Mayo, con 4.500 habitantes y ubicada en el suroeste de Chubut, atraviesa una situación que preocupa a toda la comunidad: desde el 19 de agosto, el acceso al río homónimo, principal espacio de recreación y encuentro social, permanece cerrado por decisión del Batallón de Ingenieros Mecanizado 9, dependiente del Ejército Argentino.
Un espacio público bloqueado en Chubut: el río como lugar de encuentro
La ribera oeste, históricamente utilizada por vecinos, fue clausurada sin una resolución provincial ni municipal que lo respalde.
Aunque el pueblo se extiende sobre ambas márgenes del río, el casco urbano se ubica principalmente del lado oeste, donde se encuentra el predio militar.
Desde la pandemia, el Ejército comenzó a restringir el acceso de forma intermitente para realizar prácticas como armado de puentes, maniobras con gomones y ejercicios de tirolesa.
Sin embargo, desde agosto, el cierre se volvió permanente, generando preocupación ante la llegada del verano, cuando el río cobra mayor relevancia como espacio comunitario.
Argumentos militares y tensiones institucionales
El Ejército justifica el cierre por razones de seguridad, pero vecinos y autoridades cuestionan la legalidad de la medida.
Según un comunicado oficial, el cierre se debe a un incidente con armas de fuego ocurrido el 17 de agosto, vinculado a caza furtiva en cercanías de puestos de guardia.
El Ejército considera que el tránsito por el camino interno representa un riesgo para centinelas, instalaciones y civiles. No obstante, vecinos y autoridades locales señalan que la ribera es de dominio público, según el Código de Aguas de Chubut, y que el Instituto Provincial de Aguas (IPA) es el único organismo habilitado para fijar sus límites.
Posiciones del Concejo Deliberante y del gobernador
El municipio reclama acceso libre y ordena utilidad pública, pero el conflicto escala entre el Estado provincial y el nacional.
El Concejo Deliberante de Río Mayo sostiene que los caminos ribereños deben ser de libre acceso, y que el municipio puede acordar ingresos incluso en predios militares.
El gobernador Ignacio Torres respaldó esta postura, afirmando que el acceso al río es competencia municipal. Sin embargo, la falta de una demarcación oficial por parte del IPA mantiene el conflicto abierto.
“Hoy el litigio es entre el Estado provincial y el nacional”, lamentó Silvia Muñoz, presidenta del Concejo.
Impacto comunitario y necesidad de resolución
La clausura afecta la vida cotidiana, la espiritualidad y el derecho al espacio público.
Vecinos relatan que incluso quienes se detienen a rezar en la ermita de la Virgen son invitados a retirarse. La situación genera malestar, incertidumbre y sensación de intimidación, especialmente por la presencia dominante del cuartel en el ejido urbano.
