El reciente apoyo del Gobierno de Entre Ríos al turismo de caza encendió las alarmas en organizaciones ambientales, que ven en esta medida un retroceso en la protección de la fauna autóctona. La inclusión de los cotos dentro del Régimen de Incentivos a las Nuevas Inversiones (RINI) implica beneficios impositivos que, según especialistas, fomentan un negocio basado en la muerte de aves y otros animales nativos.
La provincia, reconocida por su biodiversidad, enfrenta así una contradicción: mientras se promueven discursos sobre el cuidado ambiental, se habilitan facilidades para una actividad que amenaza el equilibrio ecológico. Los cotos de caza atraen principalmente a turistas extranjeros que buscan practicar la caza deportiva, una práctica cuestionada por su impacto en especies silvestres.
La normativa aprobada ofrece exenciones fiscales en impuestos clave como Ingresos Brutos, Automotor, Inmobiliario y Sellos, además de reintegros energéticos y beneficios extendidos hasta por dos décadas. Estas medidas no solo reducen costos a los actuales establecimientos, sino que también incentivan la apertura de nuevos emprendimientos dedicados a la caza.
El debate no se limita al plano ambiental. La decisión también generó controversia social y judicial, ya que el Gobierno provincial enfrenta demandas por la autorización de la caza de aves silvestres, incluso en actividades que involucran a menores de edad. Para las organizaciones ambientalistas, esto no solo erosiona la protección de la fauna, sino que también envía un mensaje peligroso sobre la relación entre la sociedad y la naturaleza.
Los cotos de caza en el país
En Argentina, los cotos de caza están distribuidos en distintas provincias y funcionan como espacios privados o concesionados donde se permite la caza regulada de determinadas especies. Aunque en algunos casos se argumenta que favorecen el turismo y la economía local, su funcionamiento fue cuestionado por las consecuencias ecológicas que generan.
Estos establecimientos suelen liberar animales para garantizar la actividad, lo que distorsiona los ecosistemas y facilita la sobreexplotación de ciertas especies. En otros casos, el blanco son poblaciones silvestres ya vulnerables, lo que acelera su disminución y afecta el rol que cumplen dentro de la cadena trófica. Las aves autóctonas son las más afectadas, pero también se cazan ciervos, jabalíes y otras especies de gran tamaño.
A nivel legal, los cotos de caza operan bajo regulaciones provinciales, lo que crea un mosaico de normas desiguales y, en ocasiones, poco claras. Mientras algunas jurisdicciones avanzan en políticas restrictivas, otras, como Entre Ríos, amplían los beneficios para esta práctica. El desafío está en compatibilizar la normativa con los compromisos ambientales nacionales e internacionales que promueven la conservación de la biodiversidad.
Una polémica que reabre el debate
La polémica en Entre Ríos abre nuevamente el debate sobre el rol que debería tener la fauna silvestre en el desarrollo económico. Mientras sectores empresariales ven una oportunidad de atraer turistas, las organizaciones ambientales insisten en que el verdadero valor de la biodiversidad está en su preservación.
La decisión de priorizar la caza deportiva, bajo el amparo de beneficios fiscales, tensiona la relación entre crecimiento económico y protección ecológica en una provincia que ostenta una de las riquezas naturales más grandes del país.
